La defensa del uso sostenible de agua en el parlamento.

 

LA FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-ANDALUCÍA Y WWF-ADENA COMPARECEN ANTE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL PARLAMENTO ANDALUZ PARA PROPONER DETERMINADAS MEJORAS EN LA FUTURA LEY DEL AGUA.

Nota de Prensa 03-02-2010.- La Fundación Nueva Cultura del Agua, Ecologistas en Acción-Andalucía y WWF-Adena han comparecido hoy martes ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento para proponer mejoras en la futura Ley del Agua para Andalucía.

Para los tres colectivos, el agua es un bien imprescindible para la actividad humana y un recurso natural indispensable para la vida; por lo tanto su futuro debe pasar por una gestión sostenible, que defina de forma eficaz y eficiente, la gestión del agua en nuestra Comunidad.

El proyecto remitido al Parlamento presenta determinadas carencias, aspectos no desarrollados en profundidad o que muestran cierta ambigüedad, y que a nuestro juicio son susceptibles de mejora, por ello hemos coincidido en una serie de cuestiones que deben aportarse al texto definitivo. Entre ellas estarían:

  • Fortalecer la gestión pública y participativa a través de un nuevo modelo participativo : El texto definitivo debe garantizar la participación efectiva, real y en igualdad de número aplicando rigurosamente la Ley 27/2006, que traspone al Estado español el Convenio Aarhus. La participación tendría dos vertientes, por un lado la participación pública orgánica y, por otro, la participación pública funcional.
  • Mantener y reforzar la unidad de gestión de las demarcaciones hidrográficas : La Ley debe recoger expresamente que se siga manteniendo el principio de unidad de gestión para las Demarcaciones Hidrográficas, un referente para Europa, como así se establece en la Directiva Marco de Aguas.
  • Asumir y garantizar el carácter público del agua : El Proyecto parece plantear una amnistía para los miles de pozos ilegales, por lo que se estima necesario controlar la legalidad de los mismos, sobre todo lo referente a pozos de bajo consumo, uno de los mayores problemas tanto de nuestra región como en el resto del país.
  • Este mayor control también se justifica con el espectacular aumento de la superficie regable mediante la utilización de las aguas subterráneas. Por este motivo, proponemos que el artículo 51.1, cualquier captación de agua, sobrepase o no los 7000 m 3 requiera autorización administrativa, esté o no la masa de agua en riego de no alcanzar el buen estado.
  • Necesidad de creación de un canon de recuperación de costes por el uso del agua en el sector agrícola : Se hace necesario una recuperación de los costes del agua para todos, sin perjuicio de establecer un derecho fundamental al acceso al agua. Debe terminar de forma absoluta la gratuidad del uso económico del agua, evitando así su despilfarro.

Los miembros de la Comisión, después de agradecer la intervención de cada una de las asociaciones, han tomado buena cuenta de nuestras propuestas, y aunque haya diferencias con algunos grupos, creemos que aún queda tiempo para que algunas de ellas puedan incorporarse al texto definitivo.


Comparecencia FNA (archivo pdf, 72 Kb)

europa press

Agua

Grupos ecologistas critican que la Ley de Aguas está "enfocada" a la creación de empleo y "olvida la conservación"

Sindicatos piden que se concreten con "mayor claridad" los mecanismos de participación pública

   SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Los grupos conservacionistas Ecologistas en Acción, WWF y la Fundación Nueva Cultura del Agua criticaron hoy que el Proyecto de Ley de Aguas de Andalucía, actualmente en trámite parlamentario, está enfocado "únicamente a la creación de empleo, olvidando la protección medioambiental del recurso, que es su principal objetivo".

   Según indicó a Europa Press la responsable de Aguas en WWF, Eva Hernández, "no tiene sentido que el principal objetivo de una normativa dirigida a cumplir con las exigencias de la Directiva Marco Europea, por la cual hay que garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua antes de 20105, sea abiertamente la creación de empleo".

   Así, insistió en que el agua "no es sólo un recurso económico, sino, sobre todo, natural que hay que cuidar desde una perspectiva conservacionista y si esto se hace bien, entonces vendrá la generación de riqueza y empleo".

   Por otro lado, las organizaciones conservacionistas, que comparecieron hoy en el Parlamento andaluz junto con otros agentes socioeconómico para realizar sus aportaciones a la normativa, señalaron algunas "carencias importantes" que sufre el texto actual como la "reducción de los mecanismos de control" sobre las aguas subterráneas.

   En este sentido, subrayaron que, a partir de la entrada en vigor de la ley, no hará falta una autorización ni el pago de un canon para la explotación de pozos de menos de 7.000 metros cúbicos anuales, algo que los ecologistas vieron como "una amnistía para quitarse de encima el problema de los pozos ilegales", que se cifran en España en más de 500.000.

   Asimismo, lamentaron que se contemplen en el texto legislativo los trasvases como una solución para mejorar el estado de los acuíferos, cuando "lo que hay que hacer es controlar la legalidad de su explotación, realizar un plan de extracciones y luego plantear si es necesario traer agua de fuera", señalando que plantear los trasvases como primera opción, con los impactos ambientales suponen, "es un sinsentido".

   También rechazaron que la Ley recoja la posibilidad de ampliar la superficie de regadío si se aumenta la eficiencia en el uso del agua en lugar de ahorrar los excedentes, que sería lo "lógico en una CCAA como Andalucía con acuíferos sobreexplotados y cuencas deficitarias".

   Por otro lado, la futura normativa "quiebra el principio de unidad de cuenca" al plantear la gestión de las mismas por distritos provinciales, lo que "va tanto en contra de la Directiva Marco de Aguas como del sentido común", indicaron.

   La recuperación de costes es, de otro lado, según advirtieron, "muy limitada", ya que, "contrariamente a lo que establece la Directiva europea, "a la hora de establecer el precio del agua sólo tiene en cuenta el volumen del agua consumida, en lugar de sumar a éste los costes derivados de la construcción del embalse, su mantenimiento y los precios ambientales".

   Por último, se refirieron los conservacionistas a las "deficiencias" que presenta el texto en el capítulo de participación pública, apuntando que la Ley "recoge muchos derechos para los usuarios que tienen una concesión, pero ninguno para otros usuarios sin concesión como las personas que utilizan las masas de agua para ocio, actividades deportivas o turísticas".

"NO CUENTA CON EL CONSENSO DE TODOS"

   Además, negaron que la Ley cuente con el consenso de todos los agentes socioeconómicos vinculados a su gestión tal y como defiende la Consejería de Medio Ambiente, ya que "sólo cuenta con la aquiescencia de agricultores, regantes y empresarios, que son los que tienen intereses económicos directos, pero no del resto de colectivos alejados de motivaciones económicas y para los que es una prioridad el interés general de la población".

   Por su parte, el sindicato CCOO-A consideró que esta norma es un

"pilar fundamental" para cualquier estrategia de crecimiento de la región y un instrumento "crucial" para avanzar hacia un nuevo modelo productivo andaluz, pero manifestaron sus dudas sobre los apartados de Ley que se refieren al derecho de información y participación de la sociedad en la gestión del agua, la repercusión de los costes ambientales al conjunto de los usuarios y el control de determinados usos.

   Así el sindicato se ha mostrado "insatisfecho" debido a la "indeterminación" de la Ley al referirse a la participación de los usuarios a través de la sociedad civil organizada y, en concreto, de los sindicatos mayoritarios, ya que "remite a posteriores desarrollos reglamentarios y excluye a los agentes sociales de los órganos de participación decisorios".

   Del mismo modo, mantuvo su propuesta para la regulación de la situación de los pozos con menos de 7.000 metros cúbicos anuales, ya que, según aseguró,  estos pozos "consumen anualmente más de 1.000 hectómetros cúbicos y sin control alguno".

   En cuanto al régimen económico, manifestó sus dudas sobre la posibilidad de que puedan repercutir en el ciudadano dos tasas o cánones distintos por el mismo concepto, exigiendo una mayor concreción para evitarlo.

   Asimismo, consideró "injusto" que la repercusión de los costes ambientales no sea de aplicación a todos los usuarios del agua, siendo especialmente significativo que "los usuarios domésticos e industriales, que consumen el 20% del agua, corran con los costes ambientales, mientras el regadío, que consume el 80%, no tenga que pagar nada por este concepto".

   El sindicato UGT-A consideró la Ley de Aguas un instrumento "necesario" para la reorientación de la gestión del recurso en Andalucía y la respuesta a nuevas necesidades sociales, así como la generación de empleo y riqueza a través de la construcción de infraestructuras sin olvidar el cumplimiento de las exigencias ambientales marcadas por Europa.

   No obstante, según informó a Europa Press el secretario de Acción Sindica de UGT-A, José Manuel Guerrero, la organización ha recomendado hoy que se recoja en el texto de manera "más clarificadora" los mecanismos de la participación pública.

   Asimismo, en el capítulo económico, apostó por "abundar" en el concepto de progresividad incentivando el ahorro de manera que "a mayor tasa de ahorro se premie a los consumidores con el menor coste del agua".

AMPLIACIÓN DE LOS TRAMOS DE LAS TARIFAS

   Por otro lado, la Unión de Consumidores de Andalucía, UCE-Andalucía, apostó por una ampliación de los tramos de las tarifas y del consumo mínimo exento del canon. Según la organización, considerando el momento de dificultad económica actual habría que apostar por la ampliación de tales tramos a 4 metros cúbicos por cada miembro de la unidad familiar que exceda de cuatro en lugar de 3 metros cúbicos como prevé el proyecto.

   Asimismo, consideró "elevado" el importe de un euro que propone la Ley para el pago del canon al usuario doméstico, pidiendo que queden exentos de este tributo los consumos sociales de los domicilios inferiores a los 6 metros cúbicos y no los 2 metros cúbicos previstos".

   Igualmente, demandó que la Ley contemple la articulación de líneas de financiación que permitan a los usuarios domésticos sustituir los contadores comunitarios por contadores individuales para optimizar el consumo particular.

Diario de Sevilla

Los ecologistas lamentan que la Ley de Aguas "olvide la conservación"

Las organizaciones critican que esté enfocada principalmente a la creación de empleo

R. A. · Agencias / SEVILLA | Actualizado 03.02.2010 - 05:04

La Ley de Aguas de Andalucía está excesivamente encaminada a fomentar la creación de empleo, pero olvida la protección medioambiental del recurso, "que es su principal objetivo". Este es el lamento, y la crítica, que hicieron ayer los grupos conservacionistas WWF, Ecologistas en Acción y la Fundación Nueva Cultura del Agua respecto del Proyecto de Ley de Aguas de Andalucía, actualmente en trámite parlamentario.

"No tiene sentido que el principal objetivo de una normativa dirigida a cumplir con las exigencias de la Directiva Marco Europea, por la cual hay que garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua antes de 20105, sea abiertamente la creación de empleo", dijo la portavoz de WWF Eva Hernández, quien insistió en que el agua "no es sólo un recurso económico, sino, sobre todo, natural que hay que cuidar desde una perspectiva conservacionista y si esto se hace bien, entonces vendrá la generación de riqueza y empleo".

Las organizaciones conservacionistas, que comparecieron en el Parlamento junto con otros agentes socioeconómicos para realizar sus aportaciones a la ley, señalaron algunas "carencias importantes" que sufre el texto actual, como la "reducción de los mecanismos de control" sobre las aguas subterráneas. Las organizaciones ecologistas subrayaron que, con la ley, no hará falta una autorización ni el pago de un canon para la explotación de pozos de menos de 7.000 metros cúbicos anuales, algo que consideran "una amnistía para quitarse de encima el problema de los pozos ilegales", que se cifran en España en más de 500.000.

WWF, Ecologistas en Acción y la Fundación Nueva Cultura del Agua lamentaron que se contemplen en el texto legislativo los trasvases como una solución para mejorar el estado de los acuíferos, cuando "lo que hay que hacer es controlar la legalidad de su explotación, realizar un plan de extracciones y luego plantear si es necesario traer agua de fuera", señalando que plantear los trasvases como primera opción, con los impactos ambientales suponen, "es un sinsentido". También rechazaron que la ley recoja la posibilidad de ampliar la superficie de regadío si se aumenta la eficiencia en el uso del agua en lugar de ahorrar los excedentes, que sería lo "lógico en una comunidades como Andalucía con acuíferos sobreexplotados y cuencas deficitarias".

Para los ecologistas, la futura normativa "quiebra el principio de unidad de cuenca" al plantear la gestión de las mismas por distritos provinciales, lo que "va tanto en contra de la Directiva Marco de Aguas como del sentido común", indicaron. La recuperación de costes es, de otro lado, según advirtieron, "muy limitada", ya que, "contrariamente a lo que establece la Directiva europea, "a la hora de establecer el precio del agua sólo tiene en cuenta el volumen del agua consumida, en lugar de sumar a éste los costes derivados de la construcción del embalse, su mantenimiento y los precios ambientales".