Inundaciones y Nueva Cultura del Agua .

Leandro del Moral y Abel La Calle, miembros de la Fundación Nueva Cultura del Agua

Diario de Sevilla el 10/03/2010 http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/650077

EL extraordinario temporal que viene afectando a Andalucía en los últimos tres meses ha provocado un intenso debate sobre la política del agua. Desde algunos sectores se achacan los daños que las inundaciones están ocasionando a la falta de infraestructuras y se aprovecha, oportunistamente, para criticar las supuestas malas influencias de la nueva cultura del agua . La verdad es que, desgraciadamente, ni en la cuenca del Guadalquivir, dependiente hasta el año pasado del Gobierno central, ni en el resto de Andalucía se vienen aplicando las orientaciones de la nueva cultura del agua. Más bien lo contrario: una de las principales características de la gestión del agua en Andalucía es el descontrol, la "insumisión hidráulica", como se le ha llamado en ocasiones.

Efectivamente, es descontrol que en una cuenca sobreexplotada, como la del Guadalquivir, haya aumentado la superficie regada en 150.000 hectáreas (de ellas más de 60.000 en la provincia de Sevilla) entre 2002 y 2008. Descontrol es que en Andalucía haya miles de hectáreas de dominio público hidráulico y zonas de servidumbre, muy vulnerables a riesgos de inundación, ilegalmente ocupadas por actividades agrícolas, ganaderas e industriales. Desgobierno es que existan miles de viviendas ilegales en zona inundable.

Detrás de todas estas actuaciones, que en unos casos aumentan los efectos de las sequías y en otros los de las inundaciones, hay muchas connivencias y muchos pequeños intereses difíciles de aislar socialmente. Pero también muchos intereses poderosos que vienen de lejos, de tiempos muy anteriores a la constitución de la Junta de Andalucía y la Agencia Andaluza del Agua. La responsabilidad de estas administraciones estriba en su debilidad para denunciar y controlar con la suficiente energía los grandes (y a veces también pequeños y difusos) poderes económicos y mediáticos que hay detrás de ellos.

Las inundaciones que se están produciendo estos días son de tipos muy diferentes: avenidas de grandes troncos fluviales (Guadalquivir, Genil, Guadalete), pero también desbordamientos de pequeños arroyos y encharcamientos producidos por aguas pluviales. Pero el denominador común y la justificación de fondo de todos esos procesos de descontrol es la idea de que, a condición de contar con las infraestructuras necesarias, la naturaleza (en este caso, las cuencas hidrográficas) se puede explotar sin límites, extrayendo agua, vertiendo residuos, ocupando espacio, canalizando, regulando. ¿Cuánto cuestan estas infraestructuras hidráulicas? ¿Quién y cómo las paga? ¿Acaso con fondos europeos suscribiendo condiciones que luego no se cumplen? Es más: ¿son físicamente posibles estas infraestructuras? Estas preguntas ni se plantean ni interesan.

Hoy en día cualquier persona con unos mínimos conocimientos e información en materia de gestión del agua sabe que en la cuenca del Guadalquivir o en la del Guadalete no son posibles, por razones geotécnicas y económicas, más grandes infraestructuras de regulación. Las últimas está ya construidas o en construcción. Los microembalses que también se reclaman (de los cuales ya hay cientos, legal o ilegalmente construidos), pueden ser buenos instrumentos para aumentar la eficiencia del uso del agua, pero contribuirán más a desecar los ríos en años normales que a laminar las avenidas extraordinarias cada 15 o 20 años. ¿Por qué personas y organizaciones que saben que esto es cierto confunden a la opinión pública con planteamientos disparatados, instrumentalizando la imagen de las víctimas del desorden urbanístico, frecuentemente ciudadanos modestos?

La principal lección que debemos extraer de los sucesos que estamos viviendo estos días es que la clave de la buena gestión del agua, de esa nueva cultura del agua que hunde sus raíces en la sabia cultura tradicional del Mediterráneo, es la adaptación razonable a las condiciones del medio; es recuperar el sentido de la proporción y de la medida. El riesgo cero no existe, y menos aún con el horizonte del cambio climático en curso. El mensaje de acabar de una vez por todas con la inundación, por medio de presas, diques y canalizaciones, es una estrategia errónea. De la misma manera que hay que poner coto al hasta ahora imparable crecimiento de la superficie de regadío y de las extracciones de aguas subterráneas, hay que poner orden en la ocupación caótica del territorio. La solución no es, indiscriminadamente, más infraestructuras (que no paga quien las pide), sin atender a sus costes y posibilidades reales, sino más responsabilidad, más legalidad y mejor reparto de los muchos recursos de los que ya disponemos.

 

Texto enviado al director del ABC.

Señor director:

Los abajo firmantes hemos tenido la oportunidad de leer lo publicado en ABC el 28 de febrero de 2010 por doña Margarita Bustamante, presidenta de FERAGUA publicación [reproducido abajo] en la que se realizan afirmaciones arbitrarias y perjudiciales para la Nueva Cultura del Agua (“discurso demagógico”, “ampulosas tribunas”, “vividores”, “insustanciales consignas”) de la que somos miembros. El siguiente texto constituye el escrito de rectificación, conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1984 reguladora de este derecho:

INUNDACIONES Y NUEVA CULTURA DEL AGUA

El pasado domingo día 28 de febrero, la presidenta de FERAGUA volvía a atacar desde estas páginas a los que, defendiendo las ideas de la Nueva Cultura del Agua, trabajamos desde hace años a favor de un cambio en la política del agua. Una reorientación en profundidad que, precisamente, podría evitar, o al menos reducir, el tipo de problemas que estamos viviendo como consecuencia del temporal de los últimos tres meses.

Desgraciadamente, en contra de lo que parece pensar doña Margarita Bustamante, ni en la cuenca del Guadalquivir, dependiente hasta el año pasado del Gobierno central, ni en el resto de Andalucía se vienen aplicando las orientaciones de la nueva cultura del agua. Más bien todo lo contrario: la principal característica de lo que pasa con el agua en Andalucía es el descontrol, la “insumisión hidráulica”, como se le ha llamado en ocasiones.

Efectivamente, es descontrol que en una cuenca sobreexplotada, como la del Guadalquivir, haya aumentado la superficie regada en 150.000 hectáreas (de ellas más de 60.000 en la provincia de Sevilla) entre 2002 y 2008.

Descontrol es que en Andalucía haya decenas de miles de hectáreas de dominio público hidráulico y zonas de servidumbre, muy vulnerables a riesgos de inundación, ilegalmente ocupadas por actividades agrícolas, ganaderas e industriales.

Desgobierno es que existan muchas miles de viviendas ilegales en zona inundable.

Detrás de todas estas actuaciones, que en unos casos aumentan los efectos de las sequías y en otros los de las inundaciones, hay muchas connivencias y muchos pequeños intereses difíciles de aislar socialmente. Pero también muchos intereses poderosos que vienen de lejos, de tiempos muy anteriores a la constitución de la Junta de Andalucía y la Agencia Andaluza del Agua. La responsabilidad de estas Administraciones estriba en su debilidad para denunciar y controlar con la suficiente energía los grandes (y a veces también pequeños y difusos) poderes económicos y mediáticos que hay detrás de ellos.

El denominador común de todos estos procesos de descontrol es la idea de que, a condición de contar con las infraestructuras necesarias, la naturaleza (en este caso, la cuenca hidrográfica del Guadalquivir), se puede explotar sin límites, extrayendo agua, vertiendo residuos, ocupando espacio, canalizando, regulando. ¿Cuánto cuestan estas infraestructuras hidráulicas? ¿Quién y cómo las paga? Es más: ¿Son físicamente posibles estas infraestructuras? Estas preguntas ni se plantean ni interesan.

Hoy en día cualquier persona con unos mínimos conocimientos e información en materia de gestión del agua sabe que en la cuenca del Guadalquivir no son posibles, por razones técnicas, físicas y económicas, más grandes infraestructuras de regulación (embalses). Los últimos están ya construidos o en construcción. Los microembalses (de los cuales ya hay cientos, legal o ilegalmente construidos), pueden ser buenos instrumentos para aumentar la eficiencia del uso del agua, pero contribuirán más a desecar el río en años normales que a laminar las avenidas extraordinarias que ocurran cada 15 o 20 años.

La principal lección que debemos extraer de los sucesos que estamos viviendo estos días es que la clave de la buena gestión del agua, de esa nueva cultura del agua que hunde sus raíces en la sabia cultura tradicional del Mediterráneo, es la adaptación, recuperar el sentido de la proporción y de la medida. De la misma manera que hay que poner coto al hasta ahora imparable crecimiento de la superficie de regadío y de las extracciones de aguas subterráneas, hay que poner orden en la ocupación caótica del territorio. La solución no es, indiscriminadamente, más infraestructuras (que no paga quien las pide), sin atender a sus costes y posibilidades reales, sino más responsabilidad, más legalidad y mejor reparto de los muchos recursos de los que ya disponemos.

Leandro del Moral y Abel La Calle, miembros de la Fundación Nueva Cultura del Agua

 

 

MARGARITA BUSTAMANTE. Presidenta de Feragua

Publicado en ABC Domingo , 28-02-10 a las 07 : 55

Se podría haber hecho mejor? Es la pregunta que flota en el ambiente después de las riadas de los últimos días, y los numerosos daños causados a poblaciones, infraestructuras de riego y explotaciones agrícolas ribereñas. Y la respuesta es que sí.

En primer lugar, podía haberse mucho mejor desde hace años, si las administraciones no se hubieran agarrado a ese discurso demagógico de la nueva Cultura del Agua, que ha querido demonizar los embalses, ignorando no sólo su importancia para el abastecimiento de agua para consumo humano y para las actividades económicas, sino también su misión fundamental de laminar las avenidas. Andalucía no cuenta hoy con infraestructuras hidráulicas suficientes para evitar ni las sequías ni las inundaciones.

Sólo en la Cuenca del Guadalquivir, desde el 20 de diciembre hasta hoy, más de 7.500 hectómetros cúbicos se han vertido al mar. En ese mismo tiempo, nuestros embalses han sido capaces de almacenar 3.600. Lo que quiere decir, que, de cada tres gotas de agua, una se ha embalsado y dos no. Ahora, que bajen de sus ampulosas tribunas esos adalides de la Nueva Cultura y traten de explicar a todos los que se han quedado sin casa o sin cosecha que es mejor no hacer nuevos embalses. Si no hubiera sido por los embalses supuestamente insostenibles acometidos antes de que estos vividores nos deslumbraran con sus insustanciales consignas, la riada habría sido el doble de lo que ha sido y hoy estaríamos hablando de pérdidas humanas.

Esperemos que la administración autonómica aprenda y agote al máximo las posibilidades de nuevos embalses y microembalses que hoy están planteados para aumentar la capacidad de regulación de las cuencas andaluzas. Algunos de estos microembalses no se construyen por falta de autorización oficial. Esperamos que en la próxima riada no tengamos que recordárselo a nadie.

En segundo lugar, se podría haber hecho mucho mejor si las administraciones se hubieran coordinado de forma adecuada durante estas últimas semanas y sobre todo, si al frente de las cuencas andaluzas hubiéramos tenido a personas más capaces. Apenas un año después del último traspaso de una cuenca andaluza a la administración andaluza, ya podemos aseverar con rotundidad que esa transferencia le ha hecho mal a la gestión hidráulica en Andalucía. La evidencia nos dice que hemos perdido ingenieros y hemos ganado cargos políticos.

La consecuencia de esta pérdida de experiencia y conocimientos técnicos, en beneficio de la política, es que muchas obras comprometidas e incluso en marcha se han quedado paralizadas por falta de capacidad de gestión. Obras de protección de avenidas como la del Azud del Portal, para la defensa del Guadalete, lleva desde el 2006 paralizada por la Agencia Andaluza del Agua, en consecuencia, hoy los daños de las inundaciones en Jerez son mucho mayores. Y obras, como la Defensa de Andujar que desde enero de 2009 ha estado prácticamente parada, hubiera permitido evitar muchos daños.

Unos gestores más competentes y menos hipotecados políticamente no hubieran permitido una cosa así. Como tampoco hubieran permitido que el embalse de Melonares se llenara y vertiera agua en cuatro días, incumpliendo su propia programación (que exige un llenado mucho más lento) y poniendo en peligro a las poblaciones ribereñas aguas abajo del embalse. Ninguna de las dos administraciones ha estado, en este caso, a la altura de las circunstancias. Ni la administración estatal que desembalsó agua del Pintado sin darle a Melonares otra posibilidad que rebosar. Ni la administración regional que de forma insensata llenó lo que no debía cuando no debía.

Es indudable que las lluvias han sido históricas y que no se recuerdan así desde el año 96 —entonces el caudal de agua en Alcalá del Río, último punto de control en el Guadalquivir, fue incluso superior— y más remotamente desde el 63. Pero no es menos cierto que entre el 21 de enero y el 15 de febrero por Alcalá del Río han pasado caudales fluyentes inferiores a 400 m3/segundo, mientras que a principios de enero y a finales de febrero han superado los 2.000 m3/segundo, hasta rondar los 3.000 de máximo. Quiere esto decir que si hubiera habido una adecuada planificación de desembalses, atendiendo a la previsión de precipitaciones, a la programación de mareas y a la propia seguridad de las presas, durante el período central de más de 25 días en que las precipitaciones han sido menores, y con el nivel de la Cuenca ya por encima del 75%, se podría haber desembalsado agua. Y no, que ha coincidido el período de lluvias más intenso con los desembalses masivos cuando ya la capacidad de laminación estaba agotada.

Entonces, ¿podía haberse hecho mejor? El bautizo —bautizo de agua, nunca mejor dicho— de la Agencia Andaluza del Agua en la gestión de una crisis no ha podido ser más desafortunado, pero tampoco la administración central le ha ayudado. Y sobre todo, hemos echado en falta que ni siquiera se han sentado en una misma mesa para coordinar y ver qué hacer. Con una gestión más profesionalizada, con respeto a la unidad de gestión de cuenca, con participación de los usuarios, se podía haber hecho mejor estos días pasados. Y se podía haber estado haciendo mucho mejor desde hace años, y especialmente desde que las cuencas andaluzas fueron transferidas de una administración a otra, sumiendo la gestión del agua en Andalucía en un caos de inexperiencia, parálisis administrativa e inversora, y una falta de leal colaboración entre administraciones (¡menos mal que del mismo signo político!).

Gobernantes y representantes políticos deberían reflexionar un poco, hacer un ejercicio de autocrítica, y dejar en manos de ingenieros y de técnicos expertos lo que mejor pueden hacer ellos. Y ya de paso, deberían ponerse de acuerdo y aprovechar la Ley de Aguas, ahora en trámite parlamentario, para planificar nuevas infraestructuras que prevengan los efectos de sequías e inundaciones. Para que no tengamos que mirar al cielo en actitud suplicante.