COMUNICADO DEL GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICA CRIMINAL SOBRE LA CORRUPCIÓN URBANISTICA
www.gepc.es El “Grupo de Estudios de Política Criminal”, asociación que trata de ofrecer a la sociedad una alternativa progresista en materia de política criminal, compuesta por unos doscientos miembros entre catedráticos, profesores titulares de derecho penal así como jueces y fiscales, aprobó el pasado fin de semana un manifiesto sobre corrupción urbanística y otras conductas delictivas relacionadas, en el que constata el fracaso de los controles administrativo y penal en la lucha contra la corrupción ligada al urbanismo, y en el que se apuntan las líneas de actuación que debieran seguirse para una erradicación de prácticas corruptas públicas y privadas y para una utilización sostenible y ordenada del territorio, imprescindible para la calidad de vida de los ciudadanos.
El documento analiza cómo las distintas administraciones (estatal, autonómica y local) y la propia jurisdicción contenciosa han sido incapaces de frenar un proceso, cuando no lo han favorecido, donde frecuentemente los intereses privados y partidistas han prevalecido frente a los intereses de la colectividad.
En el texto el Grupo de estudios de Política criminal se felicita por la aprobación de la Ley del Suelo, y pide a la administración estatal una mayor implicación en la tutela del medio ambiente, del dominio marítimo-terrestre y de la disponibilidad de los recursos hídricos. Se pide asimismo que la Administración central no vacile en aplicar medidas de carácter extraordinario como, por ejemplo, la disolución de corporaciones locales.
En cuanto a la administración autonómica, el texto subraya la necesidad de acomodación de la legislación autonómica a la estatal, donde se contemplen límites más estrictos sobre reclasificaciones y recalificaciones y un mayor control de aquellos planes urbanísticos basados en datos especulativos y no reales de crecimiento de la población. El documento solicita a los entes locales más transparencia, motivación y participación ciudadana en el planeamiento y la gestión urbanística.
El Grupo de estudios considera que la jurisdicción contencioso administrativa debe imprimir mayor celeridad a sus actuaciones en el ámbito urbanístico, actuaciones que han de tener por fin la restauración de la situación original, y debe prestar especial atención a la ejecución de sus sentencias.
En cuanto al ámbito del control penal, cuya finalidad es la de proteger bienes jurídicos especialmente importantes para la sociedad, entiende el documento que los delitos contra la ordenación del territorio deben castigarse con sanciones realmente efectivas para disuadir a los responsables del delito de la comisión de nuevas infracciones. Y así, para los culpables que gocen de un importante nivel económico, no parecen adecuadas multas de cuantía limitada como las previstas por el sistema de días-multa ni, por otro lado, tampoco resulta conveniente prescindir de la pena de prisión o fijar una de escasa duración. Asimismo allí donde se hayan hecho construcciones ilegales en lugares donde no se puedan realizar, es fundamental que se acuerde la demolición como regla general. La demolición es un instrumento esencial para demostrar que la comisión de estos hechos no merece la pena.
Finalmente, el Grupo de estudios de Política criminal considera inaplazable que el Código Penal afronte la responsabilidad de las personas jurídicas, y subraya que la consecuencia accesoria de comiso de las ganancias es uno de los instrumentos más eficaces para prevenir comportamientos de corrupción urbanística, lo que implica más unidades administrativas y policiales en la investigación de los activos y su procedencia.
MANIFIESTO SOBRE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA Y
OTRAS CONDUCTAS DELICTIVAS RELACIONADAS Grupo de estudios de Política criminal
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