La Junta persiste en mantener las limitaciones del POTA a pesar de la lluvia de recursos

EFE 07/06/2007

Concepción Gutiérrez, consejera de Obras Públicas y Transportes

J.CEJUDO/ABC SEVILLA.

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, no dio ayer en el Parlamento ni un paso atrás en su empecinamiento por aplicar las limitaciones que en crecimiento de población y suelo urbano establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), a pesar de las críticas lanzadas por el PP y el PA (IU apoya a la Junta en esta batalla), y de la lluvia de recursos que los ayuntamientos populares y los empresarios de la construcción han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ayer, en una comparecencia parlamentaria, Concepción Gutiérrez buscó la complicidad de las corporaciones municipales para desarrollar el POTA, al subrayar que la voluntad de la Junta es llevar a cabo la aplicación y adaptación al POTA en colaboraciòn y con el apoyo de los ayuntamientos. El PP, por el contrario, aguarda la previsible admisión a trámite de los recursos ante el TSJA para que nuevos ayuntamientos se sumen a los primeros 39 que solicitaron la paralización de la normativa. La consejera, informa Efe, defendió la planificación urbanística llevada a cabo por la Junta en Andalucía, de la que dijo que es «pionera» en España, y negó que el POTA suponga la paralización o el freno urbanístico y económico de los municipios, tal y como denunciaron los grupos el PP y PA. Según Gutiérrez, el Plan beneficia en su conjunto a los ayuntamientos, que dispondrán de un «amplio margen» de crecimiento urbanístico y económico. Respecto a las limitaciones del POTA, que no admite crecimientos que de suelos urbanizable superiores al 40 por ciento del suelo urbano existente, ni los crecimientos de población superiores al 30 por ciento en ocho años, puntualizó que los planes subregionales determinarán «criterios específicos para cada ámbito». El diputado del PP Luis Martín Luna denunció que el POTA «paraliza y frena» el desarrollo urbanístico, residencial y económico de los municipios. «Los municipios tendrán que esperar a la elaboración de los planes subregionales en los que la Junta está tardando un mínimo de 15 meses», denunció el diputado, que acusó a la Junta de «querer ser juez y parte» en la ordenación territorial. También afirmó que el POTA es el «gran fracaso» de la consejera y que éste crea «indefensión e inseguridad jurídica». Decisión importante Por su parte, el diputado de IU, Ignacio García, consideró que la aprobación de los límites al crecimiento que recoge el POTA constituye «una de las decisiones de tipo político más importantes de esta legislatura» y destacó que la reacción de determinados sectores político y empresarial «demuestra que se ha dado en el clavo en la lucha contra la especulación». Carmen Pinto, del PA, señaló que en el POTA «se priman a los centros urbanos en detrimento de las áreas rurales» y que «ha aterrizado con demasiadas carencias», tras lo que remarcó que «numerosos PGOUs en marcha entraban en contradicción» con este documento y con los planes subregionales. Mientras, y en declaraciones a ABC, el vicesecretario de Política Territorial, Urbanismo y vivienda del PP-A, Jaime Raynaud, manifestó que su formación se encuentra a la espera de que el TSJA, como es de prever, admita a trámite los recursos presentados por la propia formación política y 39 de sus ayuntamientos contra el POTA, para a continuación elevar una demanda contra esta polémica normativa de la Junta. Según Raynaud, será la Sala de Málaga del Tribunal Superior andaluz la que deberá pronunciarse, al haberse agrupado en la misma todas las iniciativas de los municipios, y probablemente también las que han partido de los empresarios urbanísticos en contra del Plan de Ordenación. El vicesecretario del PP-A recordó que la decisión de acudir a los tribunales se acordó tras rechazar el PSOE e IU en el Parlamento, en marzo, una petición de retirada de los criterios de aplicación del POTA. Ante el TSJA, añadió, «lo que pedimos es una suspensión cautelar porque pensamos que los daños pueden ser irreversibles», A juicio del PP, «la inseguridad jurídica y el galimatías en materia de urbanismo es tan grande, que lo que procede es entrar en un periodo de suspensión cautelar. Habría que consensuar el POTA con los ayuntamientos y con todo el sector, con los promotores, los ecologistas y los colegios profesionales, para contar con un marco jurídico adecuado». En la actualidad, lamentó Raynaud, las mismas limitaciones al crecimiento no pueden afectar a todos los municipios por igual. «Se da la incongruencia de que en el 95 por ciento de los ayuntamientos andaluces no han cumplido con la obligación de adaptar sus planes generales de ordenación urbana a la Ley, de ahí la necesidad de que con carácter de urgencia se reformule el POTA para poder hacer las cosas con sentido común». Finalmente, Raynaud entiende que un documento que lo que pretende es ordenar el territorio, «de ninguna manera puede limitar los crecimientos poblacionales y los suelos urbanos con carácter general».

Comentario: Hay un doble discurso de los partidos de derecha. Por una parte atacan los problemas existentes por la falta de planificación, y ahora que comienza a hacerse esa planificación, no quieren planificación. ¿Es esto serio?