MANUEL PEZZI 29/11/2007
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) aprobado mediante Decreto en noviembre de 2006 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, tras adaptar su contenido a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento, representa un documento normativo de excepcional calidad técnica y de una importancia muy relevante para el futuro de nuestra tierra. Ha costado tramitarlo casi 8 años, desde que en 1999 se aprobaron las Bases y Estrategias que iniciaron el proceso. Años empleados en poner de acuerdo sobre los elementos básicos de organización y estructura del territorio andaluz, al propio Gobierno de la Junta, a las Diputaciones, Ayuntamientos, empresarios, sindicatos y colectivos de todo tipo. También a las fuerzas políticas que discutieron su contenido en el Parlamento en sesiones celebradas los días 25 y 26 de octubre de 2006.
Este larguísimo periodo de tramitación es muestra de la complejidad de hacer un documento de estas características, con 174 determinaciones con condición de normas que desarrollan el modelo territorial, las estrategias de desarrollo, la zonificación de Andalucía, el desarrollo y gestión de la política territorial y el programa de actuación, que se sintetizan en 220 páginas y una treintena de mapas. El POTA supone una concepción integral del territorio andaluz en todas sus facetas, tanto en la perspectiva del suelo, como del paisaje, las infraestructuras, los equipamientos, la cultura, la economía y también los criterios de crecimiento de los distintos planes de ordenación urbana. El Plan pretende establecer una estrategia de desarrollo territorial, que introduzca nuevos elementos que refuercen nuestra competitividad, teniendo en cuenta los elementos económicos, de cohesión social y territorial.
Este fantástico trabajo que debe ser motivo de orgullo para sus redactores e impulsores políticos, referente obligado para cualquiera que quiera comprender la Andalucía actual y la futura, pretende ser boicoteado o vencido por sectores muy concretos, con la ayuda siempre desinteresada y ecuánime del PP andaluz, tan atento a la defensa del bien general y tan exquisito en sus planteamientos, que ha prometido derogarlo si gana las próximas elecciones.
El detonante de tanto desasosiego y tribulación es el contenido de cuatro renglones y medio del apartado 45.4 a) del POTA, que establece que con carácter general no se admitirán crecimientos en los PGOU, que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente, ni que supongan aumentos de población superiores al 30% en ocho años.
Las trompetas del Apocalipsis sonaron inmediatamente, todas las catástrofes caerían sobre Andalucía y su economía se hundiría inmediatamente. De nada ha valido recordar el compromiso de creación de 700.000 viviendas, ni la necesidad de un modelo de urbanismo sostenible frente a tanto desmán y a tanta locura especulativa. De nada ha servido tampoco el compromiso del Presidente de la Junta de flexibilizar el desarrollo de estos crecimientos previstos en los distintos municipios según su tamaño, negociado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Se pretende vencer al POTA y si pudieran, derogarlo. Vencerlo real y mediáticamente, a pesar de que ya pasó por el Parlamento de Andalucía y por el Consejo de Gobierno, llevándolo ostensiblemente a la mesa de la concertación, que tiene su lugar propio y útil, antes de la aprobación de las normas por los órganos democráticos elegidos por la ciudadanía, pero que supondría un mensaje alarmante y distorsionador de quien gobierna esta tierra, si se hace torciendo el brazo al Gobierno legítimo y pavoneándose de ello.
La concertación no puede vencer al POTA, porque ello supondría que el Gobierno se ha vencido a sí mismo. Se puede negociar, desarrollar criterios complementarios sobre el cómputo de los suelos industriales, comerciales o de viviendas protegidas, se puede hablar, acercar posturas, resolver dificultades, pero nunca derrotar a quien los ciudadanos eligen para gobernar. Una rectificación o matización inmediata sería muy necesaria para evitar el perceptible olor a manzana de los periodos electorales.
Manuel Pezzi es senador del PSOE.
