El Potaus autoriza una bolsa de mil viviendas junto a la Ronda Norte

SEVILLA.

ABC

El Ayuntamiento de Carmona mostró ayer su satisfacción por su inclusión como «área de oportunidad» en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) de un bolsa de suelo con capacidad para un millar de viviendas junto a la Ronda Norte.

Fuentes del Consistorio especificaron que 650 de estas nuevas edificaciones estarán catalogadas como vivienda protegida. La propuesta, que ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos municipales, señala la creación de una nueva zona residencial junto a la Ronda Norte de entre 25 y 30 hectáreas que permitirá la construcción de este número de viviendas, así como nuevos equipamientos deportivos.

El Ayuntamiento ha planteado otras soluciones a corto plazo al problema de la vivienda, como la próxima construcción de 12 VPO en la calle Jara o la reciente apertura del plazo de solicitudes para la adjudicación de 73 VPO en la antigua Cooperativa Olivarera, periodo que expirará el 14 de diciembre y cuyo sorteo público se celebrará en el mes de enero.

El Potaus recoge también otras Áreas de Oportunidad para Carmona que impulsarán su desarrollo económico e industrial. De esta manera, se ha previsto la ubicación de un nuevo parque empresarial junto a la autovía A-4, que el Ayuntamiento pretende que tenga una superficie de entre 100 y 270 hectáreas, y la ampliación de unas 100 hectáreas en el Parque Logístico. El Ayuntamiento propondrá también la ubicación de un campus universitario de entre 40 y 60 hectáreas.

http://sevilla.abc.es/20071211/sevilla-sevilla/potaus-autoriza-bolsa-viviendas_200712110309.html

Urbanismo y vivienda

Antonio Ojeda Escobar

Estudios e informes publicados recientemente confirman que el urbanismo y el acceso a la vivienda ocupan las primeras posiciones en el ranking de los problemas y preocupaciones de los ciudadanos andaluces. De todas formas, la situación no es nueva y ya hace años que se venía afirmando y defendiendo la necesidad de abordarla con imaginación, responsabilidad y valentía. Han sido las nuevas circunstancias, crisis inmobiliaria e hipotecaria, corrupción, persistencia de las dificultades para acceder a la vivienda, las que han motivado una nueva llamada de atención sobre estas realidades. En este sentido, el informe del Centro de Estudios Andaluces ratifica las dificultades hoy existentes para acceder a una vivienda y su permanencia en el horizonte del año 2020. Ciñéndonos al momento actual, nadie cuestiona la situación y sus dificultades, pero no deja de ser aventurado afirmar la continuidad del problema en la perspectiva temporal señalada, máxime cuando informes, estudios y observatorios de la realidad social, en este caso del urbanismo y la vivienda, deben llevar a los responsables políticos a la adopción de las medidas necesarias para solucionar este problema. En esta línea debe señalarse el Plan de la Vivienda que, elaborado por el Gobierno andaluz, pretende corresponsabilizar a todos los agentes implicados y poner en el mercado trescientas mil viviendas protegidas en los próximos diez años.

Pero la base de todo está en un urbanismo responsable, regulado por una normativa precisa y clara, delimitadora de las responsabilidades de todo tipo de los agentes y operadores que intervienen en el proceso urbanizador y su exigencia rigurosa por los órganos jurisdiccionales. Dada la distribución de competencias entre las distintas administraciones, el protagonismo corresponde a los ayuntamientos; el ejercicio del poder municipal debe basarse en las necesidades reales del municipio y de sus habitantes y no utilizar el urbanismo como medio de incrementar sus ingresos ni valerse de la autonomía municipal como pretexto o expediente para eludir limitaciones legales o el control que corresponde a otras instancias, como puede ser la comunidad autónoma. Precisamente ésta debe ejercer ese control y fiscalización de la actuación municipal sin complejos y dentro de la legalidad llegar hasta la intervención del ayuntamiento, cuando la gravedad de la situación así lo exija.

Pero en la actuación urbanística intervienen otros operadores, como jueces y fiscales, notarios y registradores de la propiedad y sus actuaciones merecen un examen serio, crítico si se quiere, pero no la frivolidad de algún grupo minoritario de descalificarlos de forma injusta y generalizada. El caso singular se generaliza, convirtiéndolo en categoría y se ignoran, por desconocimiento o mala fe, iniciativas y actuaciones defensoras de la legalidad y evitadoras de ilegalidades y corrupciones. El urbanismo nos compromete a todos, cada uno en el ámbito de sus potestades y competencias. Al legislador, aprobando normas claras y precisas y evitando su profusión desmedida y su corta vigencia. A la Administración, en sus diversas instancias, ejerciendo sus poderes y los controles que ostenta y a los demás operadores jurídicos, aplicando con rigor la legalidad y oponiéndose y persiguiendo con firmeza su vulneración o desconocimiento.

Antonio Ojeda Escobar es notario

http://www.correoandalucia.com/noticia.asp?idnoticia=4424170095091097099424170

La CEA endurece sus condiciones a 48 horas de la firma del Pacto por la Vivienda

i.morillo / m.ureta n Sevilla

El Gobierno vivió con preocupación y malestar las nuevas exigencias que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) planteó al Pacto por la Vivienda a 48 horas de su firma. El Ejecutivo confía en un acuerdo pero avisa a la patronal de que no modificará el documento que han cerrado las partes y los sindicatos ya han aprobado.

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el de la CEA, Santiago Herrero, tienen en su agenda una cita el jueves 13 para cerrar el Pacto por la Vivienda junto a los líderes de UGT y CCOO. “El Pacto se cerrará en el marco de la concertación y se hará a tres bandas”, zanjó el consejero de Economía, José Antonio Griñán.

Tras su contundente afirmación estaba la intranquilidad del Gobierno por las nuevas condiciones que los empresarios han lanzado cuando ya creían el acuerdo amarrado. La CEA no está conforme con la mención genérica que el Pacto ha incluido a la vivienda concertada, una fórmula intermedia entre la VPO y la venta libre, y que permitiría a los empresarios dar salida a negocios estancados por la caída en la construcción. También exigen que en las limitaciones de crecimiento urbanístico tampoco cuente el suelo comercial (ya han logrado, gracias al empuje de los ayuntamientos, sacar el suelo industrial).

El Gobierno andaluz admitió a este periódico que existen nuevas condiciones de la patronal que tienen un encaje difícil. Sin embargo fuentes de la Presidencia insistieron en que la voluntad es cerrar el Pacto.

La CEA quiere que el documento dé salida a viviendas ya construidas, normalmente de gran tamaño, que con precios desorbitados ahora no tienen demanda. También buscan soluciones para bolsas de suelo sin construir que antes se vendían sobre plano y ahora tienen muy difícil sacar al mercado. La fórmula de la vivienda tasada, con un precio a caballo entra la protegida y la libre, es la solución. Por eso la CEA quiere amarrar aquí un compromiso más ambicioso.

La voluntad del Gobierno es, como ya había expresado, incluir una mención genérica a la vivienda tasada y dejar la puerta abierta para una regulación posterior que corresponde al Ministerio, insisten. “Esa vivienda no es VPO. No puede sumar dentro del 30% de suelo que la ley obliga a los ayuntamientos a reservar ni beneficiarse de inversiones para los equipamientos”, advierten. Desde Presidencia rechazaron que el Pacto vaya a fijar un cupo de viviendas tasadas. “No está previsto”, aclararon. Obras Públicas advirtió de que si se habla de números jamás esas viviendas podrían computar dentro de las 300.000 VPO previstas en diez años, sino en las 400.000 libres.

Como siempre afloró el doble juego dentro del Gobierno. Frente al aviso a la CEA de que no hay más margen, el lado amable. “Hay una oferta de vivienda inasequible para muchos bolsillos que hay que convertir en asequible”, defendió Griñán.

http://www.correoandalucia.com/noticia.asp?idnoticia=4424170095091096092424170

La CEA quiere incluir en el pacto con la Junta viviendas a precio tasado

La firma del acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos será el día 13 o 14

JUAN MÉNDEZ - Sevilla - 10/12/2007

El Pacto por la Vivienda será casi con total seguridad una realidad la próxima semana. La Junta de Andalucía ha fijado para el 13 o el 14, en virtud de las agendas de los firmantes, la fecha para rubricar un acuerdo en el que sólo falta por dar el sí definitivo la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Tanto la Junta como los sindicatos UGT y Comisiones Obreras están satisfechos con lo plasmado en el quinto borrador elaborado en la Mesa de Concertación, y que contempla la construcción de 700.000 viviendas en Andalucía, 300.000 de VPO, en los próximos 10 años. El Plan Estatal 2005-2008 prevé levantar 720.000 nuevas viviendas, de las que 78.360 se construirán en Andalucía.

Comisiones Obreras tiene previsto someter hoy el acuerdo a su comité regional. El sindicato considera que se han plasmado en el documento del pacto todos los objetivos planteados en la mesa por las centrales sindicales, fundamentalmente la asignación de esas 300.000 viviendas según los niveles de rentas, así como liberar el suelo industrial de las restricciones de la legislación urbanística para garantizar el desarrollo de la actividad económica y el empleo.

Francisco Carbonero significó que el Pacto tendrá dos garantías comprometidas: una comisión de seguimiento y el compromiso del Gobierno andaluz de dotar presupuestariamente y anualmente las partidas necesarias para construir esas 300.000 viviendas.

La única dificultad para la firma del pacto es el acuerdo con la CEA. Los empresarios han mostrado ciertas reticencias al borrador actual, así como con determinados aspectos que quedan a expensas de una negociación posterior de las dos normas por las que se desarrollará el pacto: los planes de la Vivienda y Suelo de Andalucía y la Ley del Derecho a la Vivienda.La CEA pretende aclarar aspectos no contemplados en el plan como es la situación en la que quedan los municipios que aún no han iniciado la adaptación de su PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Igualmente, insisten en excluir de los límites de crecimiento urbanístico los suelos destinados a uso terciario, o al menos los comerciales. También quieren mayor certeza en el compromiso de incorporar al pacto las viviendas a precio tasado que contempla la legislación nacional y que no fue recogida en la norma autonómica de vivienda protegida. O la concreción del baremo de habitabilidad que se les va a asignar a las viviendas de VPO, actualmente 2,7 personas por vivienda y que la CEA pretende se reduzca a 1,5.

Los empresarios han conseguido incorporar al documento dos medidas para que el nuevo Plan andaluz de la Vivienda y Suelo incluya dentro de la VPO "la vivienda a precio concertado o similar", así como una medida que reza: "Contemplar, en coordinación con lo que se establezca a nivel nacional, la figura de vivienda a precio tasado para satisfacer un sector de la población, que sin poder acceder a la vivienda protegida, tienen dificultades para el acceso a una vivienda libre, sin que ello afecte a los suelos destinados a las viviendas protegidas".

Fuentes de la negociación indicaron que mediante estas dos medidas se pretende que puedan, en su caso, incorporarse al mercado de vivienda protegida una bolsa de viviendas de renta libre que actualmente no absorbe el mercado, y que, mediante el ajuste de precios, pueda dirigirse a un sector con rentas superiores a 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), límite máximo para la VPO.

LAS CLAVES

- El pacto prevé 300.000 VPO: 10.000 para familias con ingresos inferiores al IPREM; 200.000 para ingresos entre 1 y 2,5 veces el IPREM; 40.000 para ingresos entre 2,5 y 3,5; y 40.000 entre 3,5 y 5,5.

El acuerdo contempla además otras 10.000 VPO en alquiler.

Ayudas públicas directas a familias con ingresos inferiores al IPREM.

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/CEA/quiere/incluir/pacto/Junta/viviendas/precio/tasado/elpepuespand/20071210elpand_2/Tes

Esta ley del Suelo es una ruina

José Antonio NAVAS

Cada cual cuenta la feria como le fue en ella. Los promotores, interesados en vender pisos a toda costa, aseguran que la demanda no se ha reducido, sino que está embalsamada como la momia de Tutankamon y cuando salga del sarcófago provocará un estallido brutal de la oferta, de modo que no es bueno dejar para mañana lo que se puede comprar hoy. Los bancos, acosados por la crisis de liquidez que dificulta la gestión de su función crediticia, intentan ganar tiempo mientras afirman que el precio de los inmuebles caerá en los próximos meses. Los agentes de la propiedad apoyan indirectamente esta misma tesis cuando aseguran que las tasaciones en vivienda de segunda mano se han inflado entre un 20 y un 30% en los últimos años a raíz de ese esfuerzo de emulación social que algunos economistas definen como la cinta de correr donde cada individuo intenta ser, al menos, un poco más que su vecino.

Este surtido de coartadas y lamentos responde a ese defecto antropológico que tiende a confundir la realidad con los deseos y resume el estado de incertidumbre que aqueja a una economía con síntomas claros de agotamiento y que lo ha fiado todo al desarrollo del sector de la construcción y sus ladrillos asociados. Se acabó lo que se daba o, como diría con sutil circunloquio el gobernador del Banco de España, el crecimiento del PIB se podrá mantener el próximo año en entornos del 3% siempre que el episodio de las turbulencias financieras tenga una «duración limitada».

Contaminación subprime

Quede claro que Miguel Ángel Fernández Ordóñez no tiene precio como profeta, pero traducido por pasiva su discurso no puede ser más elocuente. Basta considerar el vaticinio de Henry Poulson, secretario del Tesoro de EE UU, cuando asegura que la peor basura de las hipotecas está por venir y que el agujero cuantificado de momento en 300.000 millones de dólares aumentará de manera significativa a lo largo de 2008. En la misma línea se manifestaba hace pocos días uno de nuestros más ilustres banqueros vacunado de esa anomia que impide en Europa llamar a la cosas por su nombre y según el cual «la crisis subprime ha contaminado a todos, aquí y afuera, lo que provocará sin duda una nueva clasificación dentro del sector bancario a nivel mundial».

Las entidades financieras se han atado los machos, sabedoras de que muy pronto llegará la hora de la verdad y tendrán que lidiar con unos balances anuales consolidados donde será muy difícil esconder las vergüenzas de lo que Alan Greenspan definiría como una irracional exhuberancia crediticia. El efecto escaparate con el que bancos y cajas de ahorros tratan de maquillar la foto fija de sus estados contables de cara a finales de año ha destruido las expectativas de financiación en los mercados de capitales produciendo el quebranto de proyectos empresariales basados en un excesivo nivel de apalancamiento y un largo proceso de maduración.

La radiografía de la epidemia retrata al detalle los perfiles del negocio del ladrillo, que ha acumulado deudas multimillonarias detrás de grandes acuerdos de concentración empresarial y al rebufo también del panal de rica miel engendrado por una política de suelo con claras perversiones telúricas. Precisamente, para acabar con la especulación urbanística, la ministra primeriza de Vivienda, Maria Antonia Trujillo, se lanzó al ruedo con una nueva legislación de inspiración progresista, muy al gusto del presidente Zapatero, pero que en poco tiempo se ha convertido en un martillo pilón que está socavando los cimientos de todo el sector.

La suspensión de pagos de Llanera o el caso de Astroc, con la salida por piernas de Enrique Bañuelos y la espantada reciente de Juan Antonio Alcaraz, ilustran la punta de un iceberg que amenaza con hibernar el desarrollo de muchas promotoras, la mayor parte desconocidas pero otras también célebres dentro de la extensa iconografía inmobiliaria. La crisis de Habitat hunde sus raíces en el mismo fango y Bruno Figueras ha tenido que recurrir de nuevo a sus bancos acreedores para restablecer el equilibrio patrimonial de una sociedad obligada a ajustar a la baja sus activos justo después de haberse dejado la hijuela en la compra a la familia Del Pino de la división inmobiliaria de Ferrovial.

Suelo rústico y urbanístico

El denominador común de tan monumentales desaguisados radica en el sistema de valoraciones establecido en la normativa de marras, que define exclusivamente el suelo como rústico o urbanístico, descartando cualquier paso intermedio que permita adaptar la tasación de los proyectos en vías de urbanización. Dicho de otro modo, el suelo no vale nada hasta que alcanza todo su valor, de manera que las promociones se convierten en una travesía por el desierto que ningún banco está dispuesto a sufragar, so pena de incurrir en un riesgo certero que deberá ser provisionado en el balance.

La falta de financiación, acentuada por la crisis de liquidez, bloquea el desarrollo de las transacciones dentro del mercado, dando lugar al estrangulamiento de toda la industria en el momento más bajo del ciclo. El hambre se ha juntado con las ganas de comer y, por si fuera poco, Julio Segura se ha abrochado el correaje en la CNMV para exigir la máxima pulcritud en los cierres económicos del año. Las tasadoras esperan instrucciones del Ministerio de Vivienda y Carme Chacón vive en un sinvivir tratando de encontrar alguna fisura para meter mano a una Ley del Suelo que es una ruina y ha tocado techo a los cinco meses de entrar en vigor. Los remedios caseros suelen ser a veces bastante peores que la enfermedad.

http://www.larazon.es/4955/noticia/Economía/Esta_ley_del_Suelo_es_una_ruina

Cada año se construyen 5.000 viviendas que se quedarán vacías

Francisco Veiga

¿Es la numerosa generación que acaba de sobrepasar los 35 años la culpable del precio de las viviendas o son intereses especulativos los que marcan el difícil acceso a este derecho? El ahora gerente el Consorcio de Vivienda, Juan Morillo, afirma que cada año se construyen 5.000 viviendas en la Gran Sevilla que no se habitarán.

Lo hace en el artículo La producción controlada de viviendas en Andalucía, incluido en la última publicación del Centro de Estudios Andaluces: La vivienda y el espacio residencial en las áreas metropolitanas. En su artículo se centra en la producción de viviendas vacías en todo el área metropolitana.

En él compara la construcción de viviendas en el periodo 2001-2005 (“del orden de las 75.000 unidades, es decir, una media de 15.000 al año”) con el crecimiento de la población, también de 15.000 personas al año. Pero cada una de ellas no compra una vivienda: 3.500 son VPO y otras 6.500 salen al mercado libre “y son consumidas con gran esfuerzo por las familias”. De este modo, 5.000 cada año acaban así en la “bolsa de viviendas desocupadas”.

Dentro de una década, según sus cálculos, en el área metropolitana el parque de viviendas vacías llegará a las 150.000, puesto que la capital hispalense y los 16 municipios de su primera corona prevén más de 200.000 nuevas en un plazo máximo de 12 años. Sin pelos en la lengua pese a la proverbial contención verbal de los altos cargos, escribe sobre la “paranoia que, con el contubernio” de algunos consistorios viene “potenciando modelos de ciudad difusa [el modelo urbanístico por el que las viviendas se extienden cada vez más hacia la periferia] o de ciudad confusa, basadas en urbanizaciones de adosados con densidades que llegan a estar por debajo de 0,3 metros cuadrados, sin los más mínimos equipamientos”.

Culpa también a los municipios por revisar sus PGOU (Plan General de Ordenación Urbana ) muy por encima de su crecimiento: si en 2020 la población de la Gran Sevilla será de 1,7 millones de habitantes –hoy es de 1,4– hay PGOU que han llegado a plantear hasta una multiplicación por seis de su población.

“Planeamiento y política expansiva que, en más de un caso, se propone sin tener en cuenta la más mínima coordinación con los municipios colindantes, de espaldas a ellos y con un afán de competir por el territorio propio del siglo XIX”, reflexiona. Las 500.000 viviendas vacías en el conjunto de Andalucía en 2001 suponen un 14,46% del total, por encima de la media española.

“Paradójicamente, la vivienda, el 70% de las edificaciones de una ciudad, se convierte por el interés de algunos en un producto no utilizable cuando su principal finalidad es la de ser vivida”, concluye, al comparar este dato con los dos millones de andaluces de entre 20 y 34 años, potenciales demandantes. Y no cuenta a los inmigrantes.

Estas reflexiones las acompaña de estadísticas que señalan que la producción de VPO en conjunto de la comunidad autónoma ha perdido en 20 años casi todo su peso: si en 1985 suponían el 54,44% de las construidas, en 2004 eran sólo el 8,62% frente a la vivienda a precio de mercado.

Soluciones.

Y se pregunta: “¿Dónde deberían incidir de forma prioritaria los próximos planes de vivienda?”. Este año concluye el plan 2003-2007. Se responde así: seguir facilitando el acceso a las familias que son expulsadas del mercado libre y definir nuevos parámetros de diseño y calidad porque lo cierto es que la familia clásica de matrimonio con hijos y la mujer en casa ha cambiado y casi el 50% de la población no responde ya a este modelo.

Finalmente, el experto considera que hay que planificar el urbanismo para que se recupere la ciudad ya existente, donde deben caber más viviendas protegidas y donde han que crear “líneas de intervención” hacia los inmuebles desocupados. “Nos encontramos en un momento clave”, concluye.

http://www.correoandalucia.com/noticia.asp?idnoticia=4424170094099095099424170

Las VPO apenas representan el 19% del total

03:02 A. Ch. / SEVILLA

A pesar de que la Consejería de Obras Públicas, dirigida por Concha Gutiérrez, obliga a que los planeamientos urbanísticos de los municipios reserven el 30 por ciento de su suelo para la construcción de viviendas protegidas, la realidad queda todavía muy lejos de este objetivo. Durante los 10 primeros meses del año 2007, el número de VPO visadas por el Colegio de Arquitectos de Sevilla -2.446 en total- apenas suponen el 19 por ciento de los 12.793 inmuebles en total que se visaron en los 46 municipios del área metropolitana.

Quedan, pues, muchas viviendas protegidas por construir para cumplir con la directriz de la Administración regional, aunque el año 2007, que aún no ha terminado -por tanto podría incrementar este porcentaje-, ha dejado este objetivo más cerca que nunca. Este 19 por ciento es, por ejemplo, muy superior al de 2006, cuando los inmuebles protegidos sólo representaban el 11,2 por ciento de los que se visaron, y también al dato de 2005, donde el porcentaje quedó entonces en el 14,6 por ciento.

El 19 por ciento, sin embargo, es la media de una distribución muy irregular entre las 46 localidades que forman la Gran Sevilla. Irregular y escasa porque más de la mitad de las VPO visadas por el Colegio de Arquitectos hasta octubre en el área metropolitana están ubicadas en la capital. En total, 1.479 viviendas de un total de 2.446. Las 967 viviendas restantes se reparten entre 12 Ayuntamientos, lo que ofrece el dato contrario de que 33 municipios de los 46 en total (el 71 por ciento) no ha presentado ni una VPO durante el presente año, con la paradoja de que todos sin excepción han presentado proyectos para viviendas libres.

Después de Sevilla, y en valores absolutos, el municipio que más inmuebles protegidos ha presentado ha sido Alcalá de Guadaíra, con 146 viviendas, seguido de Los Palacios (128), Umbrete (120), Coria del Río (110) y Aznalcóllar (90). En valores relativos, la capital hispalense se mantiene como la localidad que más esfuerzo ha dedicado a la vivienda protegida, dado que las 1.479 que visó en el Colegio de Abogados suponen casi la mitad del total. Muy cerca le siguen Umbrete y Aznalcóllar, donde este porcentaje superó el 40 por ciento del total, y Los Palacios, con más del 35,6 por ciento de las viviendas que proyectó tenían algún tipo de protección.

El esfuerzo en este campo de la localidad palaciega es además singular, por cuanto el 80 por ciento de las viviendas que presentó en 2006 estaban destinadas a colectivos con dificultades para acceder a una vivienda. En el caso contrario están ejemplos como Dos Hermanas o Mairena, que han crecido en los últimos años a base de miles de pisos a precio de mercado.

http://www.diariodesevilla.com/213028_ESN_HTML.htm

Las viviendas visadas en la 'Gran Sevilla' caen un 40% en dos años

03:00 Antonio Chamorro / SEVILLA

La desaceleración del sector de la construcción a nivel nacional y la nueva normativa impuesta por la Junta de Andalucía para tratar de poner un poco de orden en el urbanismo desaforado que se ha practicado en el área metropolitana de Sevilla en los últimos años se reflejan ya en los datos de visados de viviendas que maneja el Colegio de Arquitectos hasta el mes de octubre de este año.

Estos datos revelan una importante caída que alcanza el 40 por ciento en el número total de viviendas construidas en los 46 municipios que forman el área metropolitana de Sevilla en estos diez meses en comparación con el año 2005, cuando la denominada burbuja inmobiliaria estaba en pleno apogeo y los municipios planteaban crecimientos de miles de viviendas.

La reducción del número de visados de viviendas en estos dos últimos años afecta por igual a las viviendas libres y a las protegidas, aunque el efecto es mucho más importante en el primer caso, toda vez que el número de viviendas con algún tipo de protección ha experimentado un importante aumento entre 2006 y 2007. Además, el año 2005 fue especialmente pródigo en la construcción de estos inmuebles con protección, con cifras muy por encima de los últimos años.

Según los datos del Colegio de Arquitectos de Sevilla, el número de viviendas visadas hasta el mes de octubre en el área metropolitana de Sevilla ascendió a 12.793, frente a las 21.309 que se visaron en todo el año 2005. La comparación queda, por tanto, relativizada por el hecho de que el dato de 2005 se extrae de la suma de 12 meses y el de 2007 de sólo 10, aunque la desviación no afecta especialmente a la gráfica que marca la curva descendente en la que se ubica la construcción de nuevas viviendas. La diferencia absoluta entre los dos años asciende a 8.516 viviendas, un 40 por ciento aproximadamente menos, siempre sin contar esa desviación debido a la diferencia del periodo comparado. En cualquier caso, una caída importante, que muestra claramente la contención de las empresas del sector y bancos a la hora de iniciar nuevos proyectos constructivos.

La principal razón que explica esta caída de la oferta de viviendas está en el progresivo aumento de los tipos de interés que se ha producido en los últimos dos años, que ha provocado un encarecimiento no sólo de las hipotecas -a través de la subida del euríbor, el índice utilizado por los bancos para establecer el interés del préstamo- sino de los créditos que los bancos conceden a las empresas constructoras, que han tenido que ralentizar su actividad para no verse atrapadas en una espiral de endeudamiento que podía terminar perjudicándolas.

De las 12.793 viviendas visadas hasta octubre de este año, 10.347 fueron viviendas libres, mientras que las 2.446 restantes tuvieron algún tipo de protección. En 2005, el número de viviendas libres ascendió a 18.181. En el caso de los inmuebles libres, la caída que refleja la comparación entre los dos años alcanza las 7.834, un 43 por ciento menos, mientras que en el caso de las VPO, la reducción absoluta es de 682 inmuebles y la relativa de un 21 por ciento.

No obstante, la evolución de ambas categorías fue dispar entre 2006 y 2007. Las viviendas libres mantuvieron la tendencia a la baja iniciada en el año 2005, mientras que las protegidas se recuperaron de manera importante. De esta forma, en 2006 se visaron 16.449 viviendas libres en sus primeros diez meses, lo que supone 6.102 más que en el mismo periodo de 2007 y una caída entre ambos años de un 37 por ciento. Por su parte, las viviendas protegidas pasaron de las 2.092 visadas hasta octubre de 2006 a las 2.446 los primeros diez meses de este año, un 16,9 por ciento más. Este último dato tiene su explicación en las diferentes medidas que se han puesto en marcha para tratar de impulsar la construcción de viviendas protegidas, entre ellas la Ley de Medidas para la Vivienda protegidas y el Suelo de Andalucía, que extiende a todos los municipios la obligación de reservar un 30 por ciento del suelo para este tipo de viviendas y que además establece que ese 30 por ciento se establece en función a la edificabilidad global de todo el suelo urbanizable y no sólo el residencial, lo que permite un mayor número de inmuebles con algún tipo de protección.

http://www.diariodesevilla.com/213025_ESN_HTML.htm

La Junta rechaza una recalificación de suelo y exige más zonas libres

03:02 Redacción

La sección de urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, ha acordado rechazar al menos inicialmente una iniciativa del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos para reclasificar como suelo urbanizable un total de 30.434,31 metros cuadrados.

Según una resolución, recogida por Europa Press, el Ayuntamiento aprobó en su Pleno la clasificación como suelo urbanizable sectorizado para uso residencial de 30.434,31 metros cuadrados, una parcela actualmente calificada como suelo no urbanizable, junto al plan parcial de Fuente Azahara.

Aunque la iniciativa tenía el beneplácito de la Consejería de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los técnicos de Obras Públicas detectaron una serie de "defectos" en el documento, aprobado el 24 de noviembre de 2006, cuando todavía gobernaba el municipio Nueva Izquierda.

En concreto, la comisión señala que el documento establece como parámetro para la cuantificación del Sistema General de áreas libres el de 1,98 habitantes por vivienda, que da como resultado una superficie de 1.059,20 metros cuadrados. No obstante, a juicio de los técnicos debe ser el parámetro de 2,7 habitantes por vivienda el que se aplique en este caso, por lo que al Sistema General de áreas Libres corresponden 1.444,50 metros cuadrados. Hacen falta pues 385,20 más para cumplir con el estándar mínimo de 5 metros por habitante.

Dado este error, la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo suspendió la aprobación definitiva de esta modificación de las normas subsidiarias de Castilblanco dentro de un área bautizada como Canal de las Huertas, aunque permitirá al Consistorio que subsane los fallos detectados.

http://www.diariodesevilla.com/213019_ESN_HTML.htm

La Junta rechaza reclasificar como urbanizables más de 30.000 metros cuadrados

ABC. SEVILLA

La Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, ha acordado rechazar, al menos inicialmente, una iniciativa del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos para reclasificar como suelo urbanizable 30.434,31 metros cuadrados.

Según una resolución emitida por dicho organismo y recogida por Europa Press, el Ayuntamiento, gobernado por Segundo Benítez (PSOE), aprobó en su pleno la clasificación de un nuevo sector de suelo urbanizable sectorizado para uso residencial en 30.434,31 metros cuadrados actualmente calificados como suelo no urbanizable, parcela enclavada junto al plan parcial dos «Fuente Azahara».

Aunque la iniciativa contaba con el beneplácito de la Consejería de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los técnicos de la Consejería de Obras Públicas detectaron una serie de «defectos» en el documento aprobado al respecto por el pleno de Castilblanco el pasado 24 de noviembre de 2006.

En concreto, la citada comisión señala que el documento establece como parámetro para la cuantificación del Sistema General de Áreas Libres el de 1,98 habitantes por vivienda, que da como resultado una superficie para Sistema General de Areas Libres de 1.059,20 metros cuadrados. No obstante, creen los técnicos que debe ser el parámetro de 2,7 habitantes por vivienda el que debe regir en este caso, por lo que al Sistema General de Areas Libres corresponde una superficie de 1.444,50 metros cuadrados registrando así un déficit de 385, 20 metros cuadrados para cumplir con el estándar mínimo de 5 metros cuadrados por habitante.

Canal de las Huertas

Dado este error, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo suspendió la aprobación definitiva de la modificación de las normas subsidiarias de Castilblanco para la creación de suelo urbanizable sectorizado dentro de un área bautizada como «Canal de las Huertas», permitiendo al Consistorio la reformulación del documento para subsanar los fallos detectados.

http://sevilla.abc.es/20071209/sevilla-sevilla/junta-rechaza-reclasificar-como_200712090357.html