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Tan sólo faltan dos días laborables para que concluya el plazo para la presentación de alegaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus). Aunque ya hay bastantes ayuntamientos y ciudadanos que resolvieron esta cuestión en el primer plazo establecido, han aprovechado la ampliación otorgada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes para perfilar algunos detalles, concluir los escritos y presentar las alegaciones.

El periodo de estudio de las mismas se prevé intenso, dado que son muchos los municipios y asociaciones ciudadanas que han alegado a un Potaus que ha decepcionado a la mayoría, si bien algunos se han visto más perjudicados que otros. A estas propuestas de cambio se han sumado tanto los Ayuntamientos que no han encontrado respuesta alguna ante sus peticiones de áreas de oportunidad, como los que se han visto agraciados con esta medida anexa al Potaus con la que se ha intentado paliar el descontento generalizado que se había producido con la limitación del crecimiento, si bien han sido los municipios cercanos a la política de la Junta los más beneficiados.

El gran problema del Aljarafe, las conexiones tanto con Sevilla como entre los propios municipios de la comarca, se refleja prácticamente en la totalidad de los documentos presentados, como también lo hace la usabilidad del suelo y su protección en una zona caracterizada por la riqueza de sus yacimientos.

Bollullos de la Mitación. Antonino Gallego, alcalde de la localidad, ha basado las alegaciones en las necesidades tanto de viviendas como de suelo productivo ante el crecimiento que está experimentando el municipio, sin olvidar el proyecto de la «ecociudad deportiva». Así, solicita un área de oportunidad «Centro Empresarial de Bollullos-Umbrete», en unos terrenos situados junto a Merkamueble gracias a los que se mejorarían los accesos a la A-49 y se lograría una salida de vehículos desde la zona de Espartinas sin tener que atravesar el caso urbano de Umbrete.

Por otra parte, también lleva a la Consejería la posibilidad de ampliar los terrenos del PIBO. Estas dos áreas de oportunidad tendrían una superficie de 138,2 hectáreas. En cuanto a las viviendas, solicita 103 hectáreas con un mínimo de 1.558 viviendas protegidas, que cubrirían la demanda de una población creciente debido a los puestos de trabajo que se generan en Bollullos.

Saliéndose del núcleo urbano, presentan el proyecto de «La Juliana» como un área de 157,57 hectáreas donde promover actividades turísticas de rango metropolitano, dada la ubicación geográfica de Bollullos entre el Parque Natural de Doñana y el litoral onubense.

Por último, se inserta el proyecto estrella de la localidad, la Ecociudad Deportiva para la que se estima un espacio de 1.726.465 metros cuadrados. En ella se situaría una ciudad moderna con autosuficiencia energética, villas de empresa, cubos de innovación y arquitectura y urbanismo bioclimático donde los espacios verdes, el agua, los corredores ambientales y el respeto a la fauna y la flora autóctona son las reglas principales.

Bormujos. El independiente Baldomero Gaviño, alcalde de la localidad, explica que el eje principal de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento es el de la vía metropolitana como elemento de estructuración tanto del municipio como del propio Aljarafe. «La comarca debería ser concebida de forma distinta a como lo hace el Potaus, que se ocupa de los municipios como si fueran unidades independientes, en contra del objetivo que se marcan de conseguir una ciudad compacta», manifiesta.

Para alcanzar este fin, Gaviño considera imprescindible la conexión Norte-Sur de la vía metropolitana, inexistente hasta el momento pero que aparece en el esquema del área metropolitana de 1996 de 2000.

Por otra parte, el alcalde de Bormujos ve incomprensible la pormenorización que se hace en cuestiones como la clasificación de suelos de cada municipio, considerando que «se contradice con la vocación de plan subregional con la que nace». Al mismo tiempo, aboga por un Plan del Aljarafe, porque asegura que las necesidades de esta comarca son muy distintas a las que pueden tener otros municipios del área metropolitana como Alcalá de Guadaíra o Dos Hermanas.

Camas. Precisamente en este municipio, el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Eduardo Cabeza (PP), alega la protección del suelo de Camas que se hace en su totalidad, ya sea público o privado, impidiendo su aprovechamiento como motor económico de crecimiento industrial y su uso urbanístico, incluso en viviendas sociales. «De no ser corregido, el Potaus dejaría a Camas estancada en lo que es hoy, y lo incomprensible es que se nos exige proteger unos suelos que, por su interés paisajístico y medioambiental, ya veníamos preservando en nuestros PGOUS desde hace años», explica Cabeza. En cuanto a transportes, se solicita la ampliación de la Línea 2 del Metro desde Torretriana para que haya una estación en el municipio y se contribuya, de este modo, a descongestionar el tráfico hacia la capital.

Castilleja de la Cuesta. El municipio que dirige la socialista Carmen Tovar ha presentado las siguientes peticiones: la consideración y aclaración de las áreas de afección de 200 metros de la A-49; la conformación del carril interno en la A-49 en el margen norte izquierdo en sentido hacia Huelva; la creación de la vía de circunvalación en el límite norte con Camas; la nueva red viaria con carril bici; en dirección hacia Castilleja de Guzmán; incluir el Parque de las Civilizaciones -actualmente en ejecución- dentro de la relación de Parques Metropolitanos; y la modificación de los apartados 8.1.5 de la memoria de ordenación del Potaus -referida a la ordenación de la oferta del suelo para actividades comerciales-, y los artículos 26.1 y 27.1 de la normativa del Potaus, en los que se establece una disposición, respectivamente, sobre la ordenación del uso terciario y se limita la construcción de grandes superficies comerciales en suelos con uso global residencial.

Espartinas. 23 alegaciones han sido las que finalmente ha presentado el municipio espartinero, a las que se suman la petición de cuatro áreas de oportunidad. En ellas se solicita la inclusión de 10 hectáreas en el Parque Empresarial y Tecnológico Pétalo -que estaban aprobadas en el PGOU-, 46 hectáreas en la zona de Tablantes para ubicar el Campus Metropolitano del Conocimiento, dedicadas a equipamientos educacionales, culturales, deportivos y sociales. También se solicitan 25 hectáreas destinadas al centro de Comercio Social presentado por Aprocom, y que se situaría en el futuro nudo de conexión de la A-49 y la SE-40. Y por último, el área de oportunidad «Ecobarrio», englobaría dos alegaciones anteriores, que son la Ciudad de los Jóvenes y el parque periurbano del Riopudio, con una superficie de 92 hectáreas. 43 serían para el Parque Metropolitano, seis para parque ambiental con función divulgativa, turística, formativa y de concienciación sobre la sostenibilidad, 41 hectáreaspara el «Ecobarrio» propiamente dicho, donde se situarían un 60-70% de viviendas protegidas para cubrir la demanda de los jóvenes. Otras dos hectáreas serían de terreno «ecoterciario». Se trata, según explican, de un proyecto de comunidad urbana sostenible pionero en España, con arquitectura bioclimática, autosuficiencia energética, fuentes de energía renovables, transporte colectivo y ecológico, equipamientos y ecobulevares.

Gines. Manuel Camino Payán, alcalde de Gines, hace tres peticiones muy concretas al Potaus. En primer lugar se trata de revisar un suelo catalogado como zona de interés agrario, que comprendería el área de La Estacada del barbero, El Granadillo y Tabladilla. En segundo lugar, se solicita la inclusión de la circunvalación en el viario intermunicipal, de forma que se desahogue el tráfico intenso que hay entre Espartinas y Valencina, términos colindantes. Y por último, se pide permiso para el desdoblamiento a cuatro carriles de la vía de la calle Colón al completo, de forma que también conecte con la circunvalación.

Pilas. Las alegaciones presentadas por el alcalde popular José Leocadio Ortega afectan a los suelos productivos y vacíos interiores. Por un lado se solicita la delimitación de un área de uso industrial intensivo apoyado en la carretera de Carrión de los Céspedes y la conexión a la A-49, buscando una ubicación alejada lo suficiente de las áreas residenciales, pero sin perder la conectividad con el colectivo urbano.

La otra zona industrial que se pide estaría en la parte sur del municipio, donde se pretende concentrar y agrupar a un gran número de instalaciones y empresas dedicadas a la manipulación de la aceituna, que tienen gran presencia en Pilas por su tradición aceitunera.

Y en cuanto a los vacíos interiores, se propone la definición de un área de interés metropolitano para potenciar la ubicación e implantación de viviendas protegidas, de forma que se absorba la demanda de suelo residencial en el caso de que se produzca una parálisis del sector inmobiliario privado. Se estima que su ubicación podría ser en el arco noreste del municipio,

Umbrete. A pesar de que esta localidad ha sido una de las grandes beneficiadas de las polémicas áreas de oportunidad, con dos de ellas, el Ayuntamiento regido por el socialista Joaquín Fernández Garro propone algunas matizaciones en dichas áreas, en lo referido tanto al suelo como a las comunicaciones. En primer lugar, se pide que sea el propio Ayuntamiento de Umbrete quien delimite los espacios agrarios de interés que se encarga de definir el Potaus, en una zona en la que se protege el olivar. Por otra parte, se piden soluciones intermunicipales para solucionar el problema de tráfico que genera la cercanía del PIBO al núcleo urbano de Umbrete. Entre las propuestas están el trébol de acceso a la A-49, desdoblar la carretera de acceso de la A-49 a Umbrete y realizar una circunvalación de la carretera de Umbrete-Bollullos hacia el ramal de Espartinas.

Y por último, se pide la revisión de las 1.000 viviendas a construir en el área de oportunidad de San Cristóbal, donde el Ayuntamiento tenía previsto levantar unas 2.300. Por ello, se solicita a la Junta la posibilidad de modificar la cifra, o en su defecto, de reducir el espacio en el que se plantea la ubicación de las 1.000 viviendas.

Valencina de la Concepción. Dadas las características especiales de este municipio marcado por su riqueza arqueológica y natural, entre las alegaciones se encuentra la petición de protección como espacio libre que ha de ser preservado de urbanización de la zona del escarpe del municipio, la cornisa al completo, los arroyos del Judío, Cañada Honda, el Sequillo y el de la Hacienda de Torrijos, las vías pecuarias que discurren por él como la Cañada de Medellín a Isla Mayor, el Cordel de los Carboneros, la Colada de los Injertos. También se incluiría en esta definición la Necrópolis Calcolítica y la zona designada como Parque Arqueológico, la Hacienda de Torrijos y su entorno, así como el Cerro Catalán.

Se solicita la declaración de Zona de Especial Protección de Aves a un área de equilibrio de poblaciones vegetales y animales que linda con los términos de Santiponce y Saltera, muy cerca de los campos de Gerena.

También han incluido en los documentos la posibilidad de trazado de un corredor verde que rodee perimetralmente el término municipal en la cornisa para que se comunique transversalmente con la red de caminos rurales.

Los municipios apuran los días para la presentación de alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus). Hasta 23 presenta Espartinas que reivindica, además de ser declarada área de centralidad, contar con áreas de oportunidad residencial de entre 5.447 y 17.889 viviendas.

Con una subida del 14,25% Espartinas fue el municipio no sólo de la Gran Sevilla, sino de toda la provincia, que más creció en el último año. Éste es el argumento al que se aferra el Ayuntamiento de Espartinas para sustentar sus demandas, en especial, las de viviendas. En un documento con 10 conclusiones, presentado ante la Delegación Provincial de Obras Públicas, y al que tuvo acceso este periódico, el Gobierno local (PP) critica el reparto “discriminatorio” de las áreas de oportunidad, aquellos proyectos –tanto residenciales como productivos– considerados supramunicipales y que, por tanto, no computan para las limitaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) a la hora de dar vía libre a los PGOU(Plan General de Ordenación Urbana).

Se centra en las áreas de oportunidad residenciales concedidas a otros municipios para solicitar poder construir 17.889 viviendas (según la ratio empleada para Huévar del Aljarafe), 9.865 (la de Sevilla) “o al menos” 5.447 (la de Sanlúcar la Mayor).

Con el mismo argumento pide que “se ajusten las determinaciones del Potaus a la ineludible obligación legal de prever los crecimientos, dimensionarlos y garantizarlos” según el dato objetivo que para Espartinas “se cifraría en 7.362 nuevos habitantes en el periodo 2007-2015”, que es lo que su población subió en los últimos ocho años (80,22%). Por ello, demanda que los nueve municipios que hayan superado en este plazo el 30% de incremento poblacional, que pone como límite el POTA para la aprobación definitiva de los PGOU, sean excluidos de esta restricción.

Otro de los puntos sobre los que hace más hincapié en su campaña emprendida contra el Potaus se plasma en su petición de suprimir “los espacios de interés agrario” que ocupan, según el PP, el 93,41% del suelo que le queda al municipio, con excepción de la Vaguada del Repudio.

En resumen, un decálogo de críticas para argumentar sus demandas que concretan en hasta cuatro áreas de oportunidad:10 hectáreas más el polígono Pétalo; el campus del conocimiento, con 46 hectáreas de equipamiento educacional en Tablantes;el comercio, con 25 hectáreas de uso terciario junto al enlace de la A-49 y la SE-40;y un ecobarrio, con 1.250 VPO.

Desde Castilleja de Guzmán se divisa Sevilla y buena parte del área metropolitana. Una posición que el municipio quiere aprovechar para explotar el potencial del turismo de su privilegiado entorno paisajístico que será a partes iguales coto y oportunidad.

Y es que esta población aglutina en sus apenas dos kilómetros cuadrados de término municipal, un patrimonio que otros municipios mayores para sí quisieran: con el Dolmen de Montelirio a la cabeza, que integra un yacimiento arqueológico mayor que se prolonga hasta la vecina Valencina de la Concepción. Sus tesoros se completan con el Dolmen del Señorío, los Jardines de Forestier y la Torre de Contrapeso, ambos declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

Una riqueza que, no obstante, mantiene al municipio bajo la constante lupa de los conservacionistas que no ven con buenos ojos los planes de crecimiento para los próximos años, a la vez que exigen mayor protección para el patrimonio.

Éste es el reto al que se enfrenta el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, el de crecer a la vez que cuidar su entorno, y por eso enarbola la bandera de la sostenibilidad con el proyecto denominado Ecovilla. En el mismo contemplan una serie de medidas para el fomento del uso de energías renovables como viviendas bioclimáticas, farolas fotovoltaicas, vehículos a biodiésel y rebajas de impuestos para los hogares con menor consumo y que empleen energía solar.

Pero el municipio no quiere renunciar a crecer y para ello, los técnicos municipales revisan en la actualidad el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fue paralizado por la Consejería de Obras Públicas, tras constatar que sus previsiones superan los límites impuestos por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Proponían la construcción de 1.237 viviendas, que generarían una subida poblacional de 3.340 nuevos vecinos, en un pueblo donde hoy día residen poco más de 2.600. Tienen previsto reducir esta previsión hasta sólo 400 viviendas. Igualmente, desde Obras Públicas se llama la atención sobre la necesidad de reservar suelos para la implantación de industrias, ya que en el PGOU se apuesta exclusivamente por el turismo.

De hecho, éste es uno de los sectores en el que más esperanzas tiene puestas el municipio tras la concesión de un área de oportunidad para este fin, la única por ahora contemplada en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus).

Los campos de golf tendrán casas a cambio de garantizar su calidad

La Junta se adjudica en el decreto la última palabra sobre cada proyecto a través de una comisión · Pretende que la cifra de viviendas por campo se determine en los planes de ordenación subregional

El decreto de golf elaborado por la Junta es una fórmula de complejo equilibrio entre los intereses económicos, turísticos, inmobiliarios y medioambientales de Andalucía, que no maravilla a ninguno de los agentes implicados en el sector pero satisface a casi todos, y que va a organizar desde febrero el desarrollo de hoyos y urbanizaciones turísticas en la región. El cimiento del texto es un acuerdo: la Administración ofrece a los promotores la posibilidad de incluir viviendas en sus proyectos a cambio de la calidad técnica del campo y su integración en el entorno.

Con este planteamiento la Junta evita, primero, que los campos se conviertan en una excusa para recalificar suelos y vender casas. Al mismo tiempo, posibilita la creación de un recorrido de campos de "interés turístico" capaz de atraer viajeros a la región, como ha reclamado la Consejería de Turismo, y deja abierta la opción de construir viviendas.

Por último, el Gobierno andaluz se asegura una verdadera criba de las iniciativas presentadas. Las proyectos que quieran alcanzar la categoría de "interés turístico de la comunidad autónoma" y acceder así a la explotación residencial de los campos deberán cumplir requisitos exigentes y asumir incrementos de las inversiones previstas en sus planes originales.

El decreto establece una superficie mínima de 70 hectáreas para habilitar un campo de 18 hoyos, con 6.000 metros de recorrido sin casas que estorben, y amplias distancias entre las calles y entre el césped y las viviendas para garantizar la calidad de juego.

Los proyectos deberán acreditar su bajo impacto medioambiental con planes de reforestación, de integración de la fauna, de reciclaje o de empleo de energías renovables. En el capítulo del agua, el texto exige la puesta en marcha de una estación meteorológica de control y la construcción de lagos conectados con un sistema de riego y con capacidad de almacenamiento superior a 100.000 metros cúbicos.

Las principales novedades del decreto están en el proceso de gestión administrativa de los proyectos, mediante el que el Ejecutivo tendrá un control total sobre el sector. Una "comisión técnica de calificación", presidida por la Viceconsejería de Turismo y formada por los directores generales de Turismo, Deportes, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se encargará de "elaborar y emitir cuantos informes sobre los campos de golf de interés turístico le sean solicitados", según recoge el artículo 31 del texto, que fija un mes de plazo máximo al trámite.

Los sindicatos, como anunció el miércoles el responsable de Turismo de UGT, Rafael Navas, y los empresarios, que han evitado pronunciarse oficialmente, pedirán a la Junta que admita la participación de los agentes sociales en esta comisión. Será una de sus principales demandas en la Mesa del Turismo convocada el lunes para analizar el decreto.

A expensas de las determinaciones que el Gobierno andaluz haga en el encuentro del lunes, el decreto no cifra el número de viviendas que podrán aparejarse a los hoyos, justo la primera inquietud de los empresarios, un dato de referencia para la viabilidad de los proyectos.

El plan empresarial que supere la criba de la comisión y obtenga la catalogación de interés turístico tendrá que ser incluido en el Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que le corresponda, que determinarán "los criterios de ordenación relativos a edificabilidad, densidad de viviendas y tipología de las mismas", según el artículo 28 del decreto.

La falta de concreción sobre los usos residenciales del golf de primera categoría será otro de los aspectos debatidos por la Mesa del Turismo, que, pese a los matices, ofrecerá su respaldo al texto coordinado por el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías.

SEVILLA. El Consejo de Gobierno «trabajará hasta el último minuto» y aprobará «normas de largo alcance». Así de expresivo se mostraba ayer el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, para transmitir que el Gobierno andaluz desarrollará actividad legislativa hasta las elecciones, similar a los frenéticos últimos meses de trabajo del Parlamento. Así, el Ejecutivo que preside Chaves aprobará de enero a marzo más de una docena de decretos, entre los que destaca la regulación de los campos de golf, prometida por el presidente andaluz desde el año 2000.

Estos decretos permitirán al Gobierno andaluz sacar adelante más de una docena de leyes antes de las elecciones del próximo 9 de marzo, ya que esta figura legal permite la aprobación de normas sin necesidad de que pasen por el Parlamento, que se disolverá el próximo lunes.

Eso sí, su alcance es limitado, ya que los decretos se utilizan bien para unificar una normativa dispersa, como el del golf, que agrupará de manera integral disposiciones que afectan al urbanismo, medio ambiente, deportes y turismo; o bien para articular leyes ya aprobadas por el Parlamento.

En este último apartado pueden inscribirse decretos como el que aprobará los estatutos del Instituto Andaluz de Riesgos Laborales o la puesta en marcha de la Agencia Tributaria Andaluza, es decir, leyes aprobadas por el Parlamento en el último tramo de la legislatura y que necesitan de un reglamento para su entrada en vigor. A este cuerpo de decretos hay que añadir también algunos que permitirán a Chaves sumar nuevos logros de cara a las próximas elecciones.

Es el caso del que desarrollará instrumentos para poner suelo urbanizado en el mercado destinado preferentemente a VPO, una medida recogida en el pacto por la vivienda y que se inscribe dentro de las promesas electorales del PSOE para la próxima legislatura.

Así, esta intensa actividad legislativa del Consejo de Gobierno resulta consecuente con la desarrollada en los últimos meses por el Parlamento, donde se llegaron a aprobar catorce leyes en tres semanas para alcanzar los compromisos adquiridos por el presidente andaluz en su investidura.

El decreto sobre el golf, incluso, lo prometió Chaves en 2000, fecha desde la que se han ido produciendo sucesivos retrasos en su presentación. Finalmente, como anunció ayer Zarrías, se aprobará en febrero y la idea es que se apruebe «con el mayor consenso posible». Para ello, la Consejería de Turismo abrirá una ronda de conversaciones con los agentes económicos y sociales.

El consejero avanzó que el decreto «tendrá una incidencia en el urbanismo» porque es un «instrumento para la ordenación del territorio», aunque su principal objetivo es la excelencia de los campos. No descartó, sin embargo, la posibilidad de que se autorice la construcción de viviendas en los campos, aunque esto estará ligado a la cercanía del núcleo urbano y la planificación urbanística del municipio.

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"Trabajaremos hasta el último minuto", dice Zarrías · El decreto de golf, pendiente desde el año 2000, verá la luz en febrero

El 4 de marzo, a cinco días de la celebración de las elecciones, el Consejo de Gobierno de la Junta se reunirá por última vez antes de quedar en funciones y a la espera de la elección de un nuevo gabinete. Hasta esa fecha, la actividad de los consejeros y de sus respectivos equipos se mantendrá al ritmo habitual. "Vamos a trabajar hasta el último día, hasta el último minuto", aseguró ayer el número dos del Ejecutivo, Gaspar Zarrías, antes de anunciar ante los periodistas la aprobación de un paquete de quince medidas previas a los comicios.

La intención del Gobierno andaluz es apurar al máximo su mandato y alejar la idea de que hace dejación de funciones por motivos electorales. Como el movimiento se demuestra andando, entre las medidas previstas figuran un convenio con diversas entidades financieras para la financiación de proyectos empresariales de interés para la comunidad autónoma, la aprobación de un decreto por el que se habilitará suelo urbanizado para la construcción de VPO -de acuerdo al contenido del reciente Pacto por la Vivienda- y actuaciones para la mejora de los centros educativos y de la enseñanza, aunque también figuran otras tan esperadas como demandadas desde tiempo ha.

Éste es el caso del decreto que regulará la instalación de los campos de golf, pendiente de aprobación desde 2000 y cuya redacción final condicionará la construcción de alrededor de 300 de estos complejos, la mayor parte de los cuales incluye casas anejas a los campos.

El consejero de la Presidencia quiso ser cauto a este respecto y, tras asegurar que se llevará a cabo una ronda de consultas con los agentes sociales implicados antes de dar las últimas puntadas al texto, indicó que "no está descartada" la posibilidad de que los campos se vinculen a viviendas a condición de que estos espacios no se conviertan "en jardines con hoyos rodeados de casas". El decreto, subrayó, "irá más allá de la regulación de los campos de golf" y entrará en el ámbito de la ordenación territorial para evitar que una zona calificada como verde o como equipamiento deportivo acabe convirtiéndose por la fuerza de los hechos en una masa de cemento y ladrillos.

Nota de ADTA sobre los campos de golf.

Los núcleos aislados de población vulneran el modelo de ciudad compacta establecido por el Plan de Ordenación del Territorio (POTA), por lo que el decreto sobre los campos de golf vendría a ser una nueva "flexibiliación" del POTA. Dado el ya largo rosario de "flexibilidades", el POTA parece una operación de "cambiar todo, para que nada cambie".

Reproches al diseño del Aljarafe

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