Este jueves próximo 26 de marzo, se votará en el Parlamento Europeo el Informe redactado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken sobre el "frenesí urbanizador" en España . El análisis y las conclusiones de dicho informe es tremendamente crítico con el urbanismo masivo y la especulación inmobiliaria en España. Es la culminación de más de cinco años de trabajo dentro de la institución europea empujado por docenas de miles de personas, de plataformas ciudadanas de denuncia, y de grupos de vecinos afectados por todo el territorio español. Se trata de movimientos y luchas locales en activa denuncia contra los abusos urbanísticos y de defensa de la democracia municipal. 

Si finalmente se llegara a aprobar el Informe Auken como es deseable, aunque no tenga efectos ejecutivos inmediatos, lo que es seguro es que sí  enviará un claro mensaje político y jurídico a la sociedad y gobiernos centrales, autonómicos y municipales, ya que hace una llamada a las instituciones españolas y a las europeas para que se actúen con toda su fuerza y legitimidad contra la borrachera urbanística que ha sufrido España  durante los últimos años, y que además resulta ser una de las causas principales de la dura crisis económica que sufrimos. Si se aprueba este informe, habrán de tomar buena nota del mismo los ayuntamientos, los juzgados, los gobernantes, los legisladores, y hasta la misma Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia. 

El PP y el PSOE están luchando juntos y a brazo partido en contra de la aprobación del Informe Auken, que ya fue aprobado con una amplia mayoría por la Comisión de Peticiones (por dos-tercios de los eurodiputados ). Pero como el PP y el PSOE quieren impedir a toda costa su aprobación definitiva, ahora sacan un "artilugio procedimental" para intentar obstaculizar su votación y aprobación por parte de la cámara parlamentaria mediante la propuesta de una votación previa de unas propias resoluciones alternativas que rebajan y moderan sustancialmente las críticas del Informa Auken, y con ello también se intenta limitar la fuerza y el largo alcance político y jurídico-legal que contiene el texto original del Informe Auken.
¿Por qué el urbanismo español es un asunto europeo?

Aunque la planificación territorial no es en si misma una problemática incorporada en las competencias de la Unión Europea, en cambio si lo es la evaluación ambiental, las condiciones de contratación pública, las condiciones de libre competencia, el blanqueo de capitales, el agua, o la protección de los hábitats naturales. Todas estas son áreas de legislación europea que afectan de lleno al urbanismo de una manera o de otra. Son muchos los ciudadanos y ciudadanas que han acudido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar la vulneración de diferentes normativas de la ley y del derecho europeo comunitario. Además, también el Derecho de Petición Ciudadana está reconocido en el Tratado de la Unión Europea, y precisamente han sido las muchas peticiones ciudadanas firmadas por miles de españoles europeos las que han servido de base informativa esencial para la elaboración del Informe Auken.

¿Por qué se afirma en el Informe Auken que se     viola el derecho humano fundamental de la propiedad privada?

El hecho de que un pequeño propietario se vea imperativamente obligado a participar en un proyecto de urbanización, lo quiera o no, o a pagar unas tasas de urbanización muy abusivas bajo el supuesto argumento de un "interés público" que realmente nunca se justifica, pone a la ciudadanía en situaciones de arbitraria indefensión en las que se limita radicalmente los derechos básicos a la propiedad reconocidos por las leyes. A pesar de que legalmente se establece que solo en caso de excepcionalidad pueden ser limitados estos derechos para someterse a otros fines y objetivos sociales considerados de primer orden, está claro que los campos de golf y el negocio de las urbanizaciones masivas no entran en esta categoría de objetivos sociales o de interés común. Como ha indicado José Antonio Tardio Pato, profesor de la Universidad Miguel Hernández, en su libro: "La Gestión Urbanística en el Derecho de la Unión Europea":
"... en relación con la garantía del derecho a la propiedad, creemos haber justificado argumentalmente que el sistema de agente urbanizador de la legislación valenciana, que sustituye forzosamente al propietario por el agente urbanizador en la gestión urbanística, lesiona del derecho fundamental de propiedad."

¿Por qué afirma el Informe Auken que hay muchos casos de corrupción y que la justicia española  no ha respondido bien a los abusos urbanísticos?

   Es de sobra conocido para cualquier lector de la prensa diaria el hecho de que "la fiebre urbanizadora" se acompaña a menudo de la corrupción urbanística, una grave lacra presente en la gestión de los Ayuntamientos de muchas partes de España, y que afecta a centenares de municipios.  La justicia española, se ha mostrado hasta ahora incapaz de tratar con eficacia y premura la inmensa mayoría de los casos de las violaciones legales y de los abusos urbanísticos cometidos. Los trámites legales son lentísimos, carísimos, y tortuosos, y no suelen llegar a entrar en el fondo de las demandas y denuncias, quedándose tan solo en cuestiones secundarias y superficiales de forma y procedimiento. Los jueces casi nunca actúan con medidas cautelares de paralización de las obras antes del dictamen de las sentencias para con ello poder frenar o evitar la destrucción irreversible del territorio y los ecosistemas vivientes. Las sentencias judiciales condenatorias, si es que finalmente llegan, casi siempre lo hacen cuando el mal está hecho, es irreversible, y no tiene ya remedio.

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