El "Tsunami" de la corrupción

Transparencia Internacional sitúa el origen de los recientes escándalos urbanísticos a partir de 2002 en la fiebre inmobiliaria, principal fuente de ingresos de los municipios

La eclosión de tramas fraudulentas no sabe de siglas de partidos ni de territorios

Diariodesevilla.es - 02 de noviembre de 2009 Javier Saugar

Desde hace dos años, raro es el día en que España no desayuna con nuevos escándalos de corrupción urbanística en las portadas, con noticias sobre las oscuras relaciones entre políticos y em! presarios circunscritas al ámbito municipal, tramas fraudulentas con decenas de implicados para hacer fortuna con el negocio del urbanismo.

Desde la célebre operación Malaya de 2006, que acabó por primera vez con la disolución de un ayuntamiento por decisión gubernamental, la historia se repite con frecuencia. No sabe de ideologías ni de territorios, atacando a todos por doquier. Desde la trama destapada en Marbella, han aflorado 17 nuevos escándalos con un denominador común: la implicación de los alcaldes. La corrupción parece extenderse como la pólvora, alcanzando incluso a las más altas instancias municipales.

Conviene remontarse siete años atrás para comprender las causas de las corruptelas de hoy, ninguna de ellas reciente. Así ocurre con la última operación policial en el municipio barcelonés de Santa Coloma de Gramenet, producto de una investigación iniciada hace ya dos años, o con la archiconocida Gürtel, orquestada a partir de 2004.

Según el experto de Transparencia Internacional (TI), Jesús Sánchez Lambás, el tsunami de la corrupción que recorre con furia el territorio nacional nace con la liberalización del suelo en 2002, en pleno boom inmobiliario, y concluye en el tercer trimestre de 2007, con el desastre financiero de EEUU que devino en una crisis económica global. "Ese es el momento en el que se produce el verdadero boom de la corrupción, pero aflora ahora porque el Estado ha encontrado mecanismos para descubrirlo debido a que se han creado los medios suficientes", cuenta a este diario el especialista de la prestigiosa organización dedicada a combatir la corrupción a escala mundial.

La mayoría de los casos descubiertos recientemente están asociados con ese periodo. La economía baila al son del negocio inmobiliario, son tiempos de construcción desenfrenada, de intereses más baratos e hipotecas fáciles de conseguir, donde el dinero circula a raudales. La bonanza económica y de la industria de la construcción, que parece no tener fin, coincide con el eterno problema de los ayuntamientos: la escasa financiación. El urbanismo se convierte así en la principal fuente de ingresos. "Los ayuntamientos sólo pueden financiarse por el famoso 10% que reciben en las actuaciones urbanísticas más lo que cobran por las licencias de obras", explica Lambás.

El "ineficaz" sistema de financiación local se une a la falta de competencias claras y de controles municipales más estrictos. "Los ayuntamientos están infradotados de personal cualificado, no tienen mecanismos eficaces de control, los tradicionales servidores públicos que realizaban esa tarea -secretarios técnicos e interventores- han visto reducidas sus competencias, y se ha contratado a personal no siempre por los procedimientos de igualdad y capacidad profesional". La mezcla de estos factores abona el terreno para la práctica de conductas corruptas.

"Los consistorios se gastaron lo que tenían y calificaron todo el suelo posible en un momento en el que había muchísimo dinero, y todo eso se acabó situando en el ángulo más opaco de la gestión pública: ahí están los convenios urbanísticos, las recalificaciones...". En este escenario, brotan las empresas que sobornan a cargos públicos con comisiones ilegales millonarias a cambio de recalificaciones y de proyectos urbanísticos, es el germen de las tramas corruptas de hoy. El dinero fácil tienta a los políticos: "Fuera de nuestras fronteras los planes urbanísticos se modifican a los 10, 15 o 20 años mientras que en España se aprueba un plan y a los dos años se está cambiando. En EEUU, si un campo de maíz va a ser urbano se sabe 10 años antes".

A esta preocupante situación se suma la "pavorosa lentitud" de la Justicia. Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fechado en 2008, denunciaba la existencia de 270.000 sentencias pendientes de ejecutar, cifras que hablan por sí solas del grave retraso que colapsa los juzgados. "Desde que se descubre el delito hasta que llega la sentencia pasan diez años, toda una eternidad", explica.

Las soluciones que apunta el especialista de TI para atajar la lacra de la corrupción pasan inevitablemente por una cuestión: la transparencia. "Los convenios urbanísticos se tienen que hacer públicos, hay que cerrar de una vez la financiación municipal, las autonomías deben cuidar más a los consistorios, funcionarios como interventores y secretarios técnicos deben formar un cuerpo nacional sólido con una inspección de servicios y mecanismos de regulación y depuración como otros grandes cuerpos del Estado y, sobre todo, más información; luz y taquígrafos".

Pero las consecuencias de esta serie de escándalos no acaban con los culpables en la cárcel. La implicación de cargos públicos tiene efectos nocivos sobre la política. El sociólogo de la Universidad Complutense, Fermín Bouza, advierte: "A la pregunta del CIS sobre los problemas más importantes de los ciudadanos, la clase política ha crecido a peor en las respuestas, hasta el 12%, y eso es pésimo". El factor crisis estimula las percepciones negativas: "No hace más que agravarlo, por eso la desafección hacia la política va a tanta velocidad".

"Estos últimos casos que están aflorando son corrupciones individuales, de grupos y de personas, que entran dentro de la cultura del pelotazo, que sigue muy viva desde la Transición", explica el catedrático de Sociología. En este contexto, la percepción de que España es más permisiva con estas conductas que otros países gana terreno: "Es realmente así. El castigo a los corruptos está muy limitado porque tenemos un sistema jurídico muy garantista, y la impresión que queda es la de que todos van a la calle y, luego, ya veremos".

Pero hay margen para la esperanza: "Hace falta consenso, que los políticos lleguen a acciones comunes frente a estos casos y a medidas preventivas, porque a lo más que se llega son a las expulsiones a toro pasado". Como tantas otras, la solución pasa por una respuesta política.