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CARTA AL DIRECTOR.

Al Director General de Bienes Culturales

Señor Director:

El pasado 8 de enero ha entrado en vigor de la nueva Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, que junto a la Ley del Suelo, aprobada este  verano, son los instrumentos necesarios para que usted, Sr. Romero, pueda resolver, de forma muy barata, el crimen que se va a perpetrar contra el Dolmen de Montelerio en Castilleja de Guzmán. Usted, D. Jesús, en la rueda de prensa que se celebró en la Delegación Provincial el pasado 20/07/07, a la pregunta del presidente de ADTA, sobre si había voluntad política de evitar el encajonamiento de Montelirio, usted respondió que eso “costaría una millonada y que Cultura no tenía dinero para ello”.  La providencia ha querido poner  en su camino estas dos nuevas leyes. La de Patrimonio le trae el regalo de Reyes de incluir, por fin, la regulación de la “contaminación visual o perceptiva”, y al respecto prohíbe “las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción”, refiriéndose a los bienes declarados BIC, como lo es el Dolmen de Montelirio con su túmulo incluido, que quedará ocultado al completo por un gran edificio, y que ahora, con la nueva ley,  constituiría una ilegalidad. Y por otro lado la Ley del Suelo estatal, que, con los nuevos criterios de valoración, que considera rústicos los suelos no urbanizados, pese a que estén declarados urbanizables, que excluye de su justiprecio perspectivas de plusvalías y lucro cesante alguno, el precio resultaría irrisorio. El valor de los seis mil metros que Maribel Montaño minoró por su cuenta, le costaría a Cultura menos de dos millones de las antiguas pesetas, ya que es poco más de media hectárea de secano de cultivos herbáceos. Y, si no, pregunte a los expertos en expropiaciones por interés público. Sería un precio “irrisorio”, que es el calificativo que utiliza el propio sector inmobiliario, que se queja y que le pide al gobierno, con urgencia, que corrija la Ley Trujillo. Señor Romero no siga confundiendo al Defensor del Pueblo, tratando de justificar lo injustificable, porque el Director General que le antecedió en el cargo, D. Julián Martínez García, en su escrito de 4 de diciembre de 2001, prohibió, por injustificada, la disminución del área de protección que le proponía la Delegada Montaño, y que no obstante, ella, desoyendo la orden de no tocar nada, consumó esa reducción en el BOJA de 14/03/02, sin tener competencia para ello, y por tanto acto nulo de pleno derecho. ¿Usted Sr. Romero ampara esa actuación?  Es al menos lo que se desprende de su último escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, de 25/09/07, en el que elude pronunciarse sobre el informe de su antecesor, el Sr. Martínez, que es lo que el Sr. Chamizo le requirió.

Manuel R. Duarte
Valencina de la Concepción 10/01/2008 17:50

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