31-10-2014 Comunicado de las Asociaciones: ADTA , Los Dólmenes , Valencina Habitable , Ateneo de Valencina y Asociación Forestier de Castilleja de Guzmán

El Tribunal Supremo ha confirmado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2012 , por la que se estima que debe procederse a la demolición de la ilegalmente construida Escuela de Hostelería de Castilleja de Guzmán, por ubicarse en zona verde. La sentencia culmina una larga lucha de los vecinos por defender la legalidad urbanística.

El alcalde Carmelo Ceba, ya ha anunciado que intentará que se legalice la Escuela mediante la aprobación definitiva del PGOU, que fué enviado a la Junta de Andalucía hace casi un año. Laa Junta de Andalucía deberá devolver el documento al Ayuntamiento para que lo adapte al contenido de la Sentencia. Si no lo hace y lo aprueba definitivamente la Sentencia podría ser otro argumento más para que ese documento sea recurrido, que se une a otros muchos ya que trata de un documento que incumple clamorosamente diversas normas como se puede ver en este Enlace...

Se argumenta por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía el valor del edificio y las subvenciones concedidas que rondaría los tres millones de euro s, así como el coste del derribo, para legalizar la Escuela. De prosperar esas pretensiones, estaríamos en el mismo discurso de apoyo a los desmanes urbanísticos, una promesa de impunidad a los delincuentes y una connivencia con la corrupción urbanística. Si se quisiera atajar la corrupción y los desmanes urbanísticos, debe ejecutarse la sentencia de demolición del edificio ilegalmente construido .

Además, la Sentencia del Supremo podría reactivar los motivos que llevaron a la Fiscalía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Delitos Urbanísticos a presentar en 2009 una querella contra el alcalde, concejales y técnicos por otorgar licencia para la construcción del edificio ilegal. ( http://habitablesdevalencina.blogspot.com.es/2009/09/180909-diario-de-sevilla-castilleja-de.html ).

Conviene recordar la larga lista de desmanes urbanísticos en Castilleja de Guzmán que se pueden leer en el primer punto de las Alegaciones de ADTA al PGOU provisional (archivo pdf, 4.2 Mb). Fue el primer pueblo de Andalucía al que se le retiraron las competencias urbanísticas (mucho antes que a Marbella), tuvo el 35% de sus viviendas en situación de ilegalidad, la empresa que ha construido más del 50% de las viviendas del municipio –denominada paradójicamente Control Urbanístico S.A.- fue sancionada con más de 2,8 millones de euros, por infracciones urbanísticas muy graves cometidas en este municipio, y su gerente condenado judicialmente por falsedad documental. Sobre un anterior arquitecto técnico municipal (J.D.M.Q.) reca yeron varias condenas judiciales de inhabilitación, prisión y multa por emitir informes irregulares. La Fiscalía advirtió al Ayuntamiento que su nuevo PGOU podría incurrir en delito urbanístico, caso de aprobarse definitivamente tal y como está redactado. El Informe de Incidencia Territorial que emitió en febrero de 2007 la Junta de Andalucía al documento de aprobación inicial del PGOU revela severas deficiencias y carencias. La Junta de Andalucía ha debido obligar a reponer la protección de la una amplia zona de Suelo No Urbanizable, que habían desprotegido manipul ando datos y planos...

La ciudadanía del Aljarafe puede tener la satisfacción de que con esta orden judicial se corta la secuencia de ilegalidades que avanzaban por la senda del despilfarro y la insostenibildad, permitiendo volver a ir por la senda de la sensatez y la sostenibilidad. El incumplimiento del planeamiento urbanístico democráticamente acordado es despilfarro; violentar la razón técnica y administrativa es despilfarro; gastar fondos públicos en proyectos sin base sólida es despilfarro; usar torticeramente argumentos relacionados con el bien común es despilfarro. Y los responsables de todo este despilfarro deberían pagar las consecuencias y devolver (aunque sea parcialmente) los bienes despilfarrados.

Sentencia del Tribunal Supremo sobre la Escuela de Hosteleria (archivo pdf, 0,04 Mb)

 

diariodesevilla.es

El alcalde intenta de nuevo salvar la escuela de hostelería con el PGOU

La Mancomunidad, que gestionó las obras que el Supremo ordena tirar, descarta asumir los costes

Trinidad Perdiguero , castilleja de guzmán | Actualizado 01.11.2014 - 05:01 Enlace...

El alcalde de Castilleja de Guzmán, Carmelo Ceba (PSOE), intentará salvar in extremis la escuela de hostelería que está del todo construida, con una inversión que ronda los tres millones, a pesar de que el Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia del TSJA, de 2012, que ordena su demolición por haberse levantado, inicialmente, sobre un área de espacios libres. Así lo ha adelantado el regidor a través de su perfil de f acebook y en el que ha precisado que el instrumento que baraja es el PGOU, que está en una última fase de tramitación y en el que se ha incluido la "motivación excepcional, la acreditación y justificación necesaria que requería la sentencia del TSJA para que la actuación fuera conforme a Derecho", dice.

El edil afirma que pedirá el apoyo de todos los concejales del Ayuntamiento y de los vecinos para salvar el centro, que ya se intentó legalizar en 2009 con una modificación de las normas urbanísticas, que el Supremo ha rechazado. Ya con la obra en marcha, la parcela fue declarada de Suelo de Interés Público y Social (SIPS), aunque el Tribunal insiste en que no sirve porque "no obedeció a la búsqueda y satisfacción de intereses generales sino a enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento".

En aquella modificación, el alcalde, que ahora tiene una mayoría precaria en el Ayuntamiento, sólo logró el respaldo de los ediles de su grupo. El PP no asistió e IU votó en contra y ahora ha anunciado que, como también hizo con la aprobación inicial del PGOU, votará que no.

Por su parte, consultados por este diario, los vecinos de la urbanización e l Mirador de Sevilla, que denunciaron un caso que es muy similar al de la Biblioteca que la Universidad de Sevilla quiso construir en los jardines del Prado, aseguran que no han reunido para analizar el fallo, pero que no permitirán que se intente legalizar la obra y no descantan denunciar, en ese caso por lo penal, a quien apoye la decisión.

Sobre los costes que pueda suponer la demolición, quién los asume y qué pasa con las subvenciones que están invertidas en el proyecto si al final queda reducido a escombros, nada está claro. Fuentes de la Mancomunidad de Servicios del Aljarafe, que gestionó las obras con una encomienda del Consistorio (pidió las subvenciones, licitó las obras y las justificó) insiste en que se actuó con una licencia municipal que creían conforme a derecho. No le constan cláusulas como la que, en el caso de la Hispalense, obligó a ésta a pagar el derribo de la biblioteca. Si hay alguien que debe asumir ese coste es el Ayuntamiento, apuntaron las fuentes. Y si hay que devolver las subvenciones que se han invertido en el centro y se le reclaman a la Mancomunidad, apuntan que presentarán una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento o quien se determine, porque la mancomunidad está en mitad de una situación que no ha creado, insistieron las fuentes.

El centro fue promovido e iba a ser gestionado por un consorcio en el que participa la Mancomunidad, el Ayuntamiento y la Junta que ha sido la que, en última instancia, recurrió el fallo del TSJA ante Tribunal Supremo que, por ahora, ya le ha asignado el pago de 3.000 euros en costas.

El grupo municipal de IU en Castilleja de Guzmán, que recordó ayer que no es la primera vez que las prisas y los errores en la tramitación de proyectos terminan costando dinero al Ayuntamiento -recordaron los problemas con Aroa o las deudas con Egmasa-, ha anunciado que si vuelve a ocurrir estudiarán si reclaman responsabilidades patrimoniales al alcalde. El Ayuntamiento lleva cuatro años con un presupuesto prorrogado, en uno de los municipios más pequeños del Aljarafe, con 3.000 vecinos y sin forma de conseguir ingresos adicionales.

 

diariodesevilla.es

El Supremo confirma que la Escuela de Hostelería tendrá que ser demolida

El Alto Tribunal ratifica el fallo que dio la razón a los vecinos porque la edificación se realizó sobre zona verde La sentencia supone un duro revés para las cuentas de la Mancomunidad

J. Muñoz · T. Perdiguero , castilleja de guzmán | Actualizado 31.10.2014 - 05:01

La escuela de hostelería tendrá que ser demolida, como le ocurrió a la Biblioteca Central de la Universidad de Sevilla en la zona del Prado de San Sebastián. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que confirma la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en mayo de 2012 ordenó la demolición de esta edificación construida sobre una zona verde, algo que los vecinos denunciaron en 2006.

Esta decisión puede suponer un duro revés para las cuentas de la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe, ahora Mancomunidad de Servicios del Aljarafe, el promotor de la escuela y que invirtió en el proyecto más de tres millones de euros, el grueso de fondos europeos. La Junta ya le reclama la devolución de 1,2 millones por la última subvención (986.000 euros más los intereses) que concedió para las obras, porque la justificación de algunas facturas se presentó fuera de plazo.

El ente ha recurrido el reintegro de la ayuda, alegando que el retraso se debió a que la Junta también pagó tarde dicha ayuda. La Mancomunidad ha solicitado un crédito para pagar las dos últimas nóminas en las 13 escuelas taller y talleres de empleo que gestiona en otros municipios y ha advertido que el problema se repetirá si la Consejería de Educación no le traspasa las partidas justificadas, porque aunque está "saneada" no puede adelantar más dinero.

Los costes de la demolición de la escuela de hostelería no facilitarán las cosas y la falta de liquidez puede terminar perjudicando gravemente a terceros.

El fallo del Tribunal Supremo recuerda que la sentencia dictada en primera instancia en este caso puso de manifiesto que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castilleja de Guzmán "no obedeció a la búsqueda y satisfacción de intereses generales sino a enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento", informa Efe.

Los magistrados argumentaron que el anterior planeamiento urbanístico de la localidad "evidenciaba coherencia y racionalidad", puesto que la parcela donde se levantó la escuela de hostelería fue obtenida mediante una cesión obligatoria para respetar el estándar mínimo de entre 5 y 10 metros cuadrados de parque jardines y espacios libres públicos por habitante.

La construcción de la escuela de hostelería sobre 2.000 metros cuadrados se hizo en su mayor parte sobre un espacio "libre de parques y jardines, pues sólo se permitían 238 metros cuadrados con destino a equipamientos o sistema de interés público y social", lo que llevó a los magistrados del TSJA a considerar que esta actuación "supuso una clara y patente infracción del orden jurídico urbanístico".

Para el Alto Tribunal, tampoco puede encontrar justificación la modificación del plan general en la alegación de la Junta respeto a que la modificación "mejora el sistema dotacional público del municipio, reordenando las parcelas equipamentales y de espacios libres, por una parte, transformando suelos lucrativos en dotacionales, por otra, y reclasificando, finalmente, suelo no urbanizable para integrarlo dentro del entramado de espacios libres".

Esta alegación, añade el fallo, no puede ocultar que la modificación del plan "ha sido espuria y por ende la alegación autonómica, con independencia de que haya resultado una mejora de dotaciones y espacios libres, no deja de ser un sofisma en cuanto a la finalidad y justificación de la modificación".

Enlaces relacionados:

2014 11 07 Carta al Director: Lo del alcalde de Castilleja de Guzmán. Más...

2012 05 19 El TSJA resuelve que es "procedente" demoler la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán. Más...