El urbanismo es una ciencia del bien público que trata de imponerse en un medio extremadamente hostil. Un medio controlado desde siempre por oportunistas, especuladores y autoridades fáciles de convencer. Por eso las ciudades han ido desarrollándose de una forma aparentemente anárquica, pero siguiendo un modelo subrepticio donde las plusvalías generadas por las recalificaciones de suelo han sido, en realidad, el único norte. Sevilla ha sufrido en este siglo varias embestidas de gran calibre, que han ido configurando -es un decir- el tipo actual de ciudad.

Primero fue la terciarización del casco histórico, que obligó a marcharse a los vecinos tradicionales, convirtiendo el centro urbano en una aglomeración caótica durante el día y en un fantasma peligroso durante la noche. Se derribaron palacios, se fueron los colegios, y en su lugar se asentaron centros comerciales, bancos y oficinas. Y todo empezó por la orden dada desde Madrid por un ministro de Franco, Solís Ruiz, para que se permitiera la instalación de unos grandes almacenes en el corazón de la urbe. El Ayuntamiento agachó la cabeza y los defensores de la hermosa e histórica ciudad, la Roma andaluza, fueron arrollados sin piedad. En el entorno de Romero Murube, por ejemplo, se aseguraba que fue este contratiempo el que aceleró su despedida de este mundo.

Otro caso a destacar fue el de Polígono Auropuerto. Apenas desembarcábamos la primera Corporación Democrática, año 79, nos encontramos con la pretensión de unos cuantos terratenientes de prolongar la ciudad hacia el Este, en una extensión similar a la de Santander, y en virtud de unos precipitados acuerdos alcanzados con la última corporación franquista y el Ministerio de Obras Públicas. (Esto de las prisas es muy habitual también en este tipo de operaciones). Lidiar aquel toro costó lo que no está en los escritos y a más de uno le significó a la larga el abandono de la política. Casi dos años estuvo sobre la mesa de la Corporación una ordenanza de ruidos -clave, por la proximidad del aeropuerto-, que un concejal andalucista encargado de elaborarla, nunca elaboró. Medianamente reconducido el proceso por la Junta de Andalucía, años después, hoy esa zona de la ciudad es, en efecto, lo que algunos temíamos: carencia de equipamientos públicos, espacios libres abandonados, recovecos peligrosos...

Otros muchos ejemplos se podrían esgrimir, aunque no todos de esa rotundidad. Suerte que llegó el 92, que sirvió, entre otras cosas, para poner coherencia en los desaguisados urbanísticos que se habían ido acumulando, con nuevas conexiones, desvío del ferrocarril, siete puentes, circunvalaciones, etc. Y ello contra la voluntad explícita de algunos poderes fácticos de la ciudad, y del propio Ayuntamiento, que todavía en tiempos de Manuel del Valle quiso considerar la Isla de la Cartuja como territorio "exógeno". Pues bien, aquella operación de salvamento sufrió los mayores ataques imaginables de parte de los dos primeros ediles actuales: Soledad Becerril y Alejandro Rojas Marcos. Hemerotecas tiene la ciudad para cuando se quiera hacer una antología del disparate contra la Expo 92. Y así es como llegamos a las puertas del siglo XXI, con otra operación de parecidas características a las mencionadas.

Y de nuevo las prisas, los nervios, las carreras por los despachos, los telefonazos a los directores de los periódicos... Esta vez los promotores son nada menos que dos Cajas de Ahorro, El Monte y San Fernando, comandadas por sendos ex-concejales del PSOE, más un Teniente de Alcalde, el repetido Rojas Marcos, en su papel habitual de opositor al principio y consentidor al final. Más una alcaldesa, en su rol, también acostumbrado, de observadora. (Se ha limitado a no ejercer los derechos que la ley le otorga para impedir que los terrenos acabaran en manos privadas). Pero fuentes del sector aseguran que quien lo maneja todo es otro ex del PSOE: el ex alcalde Manuel del Valle.

Los datos de la magna operación, aunque no ha sido fácil reunirlos todos, al fin se conocen: 400 hectáreas de suelo inundable (ampliables a otros colindantes), donde se asienta el antiguo aeródromo militar de Tablada, pasan en un 90% a manos de las susodichas dos Cajas por una cantidad aproximada de 5.000 millones de pesetas, en cuanto a la compra, más unos 3.000 millones por pagos de derechos de reversión a antiguos propietarios. Alrededor de 30.000 millones de inversión inicial serán precisos para poner ese enorme espacio en condiciones de uso urbano, sacándolo del cauce de avenidas del Guadalquivir y modificando la S-30, entre otras cosas. Uso que, aunque no se reconoce en el convenio firmado con Rojas Marcos, contempla en otros documentos tentativos una edificabilidad de 0,75 m2/m2, superior a la edificabilidad neta del PGOU vigente (0,70), y una densidad neta por Ha. de 62 viviendas. Lo que podría llevar a la construcción de entre 12.000 y 15.000 viviendas en apretados bloques de más de seis plantas, no precisamente baratas, sino, gracias a una "urbanización de calidad" -en palabras de uno de los promotores-, en pisos que saldrían a mercado por no menos de 18 millones de pesetas, según unas primeras estimaciones. También se contempla "el mayor centro comercial de Andalucía", un enorme parque fluvial metropolitano (esto de las inmensas zonas verdes ya nos lo vendían cuando lo de Polígono Aeropuerto) y, héteme aquí el gran detalle, una posible Villa Olímpica.

Pero de momento la operación cuenta con el rechazo sin paliativos de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Obras Públicas, cuya Directora General de Urbanismo, Josefina Cruz, se manifestó inequívocamente en las páginas de este mismo periódico (23.12.98), calificando la operación de "paradigma de lo que no debe ser".

La oposición municipal teme que se esté condicionando la futura revisión del PGOU de forma irreversible, con determinaciones de planeamiento encubiertas, por mucho que los actuales responsables de la Corporación quieran quitarle trascendencia a lo firmado.

El principal misterio que hay en todo esto es a qué se debe que dos presidentes de Cajas de Ahorro, con carnet del PSOE y situados en esos puestos con el apoyo del mismo partido, anden con estas prisas pactando el futuro de la ciudad con el líder del PA, y en vísperas de unas elecciones municipales. (Algo habrá influido la anunciada voluntad de la Junta de unificar las Cajas, y con ello ir eliminando pequeños cortijos). El temor a que una nueva Corporación, de distinto signo, pudiera no permitir lo que ahora sí se les permite, es más que evidente. Temor que delata también la poca confianza que poseen los actuales ediles en ganar esas elecciones.

Y algo más: ¿por qué en lugar de defenderse no toman la iniciativa anunciando a los cuatro vientos lo que deberían ser beneficios incuestionables para el interés público, y que nos encantaría conocer? Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace: ¿en qué se benefician los sevillanos en este asunto?

Aquí es donde entra en liza un elemento sustantivo que da explicación, siquiera parcial, a estos misterios: la candidatura a la alcaldía de Alfredo Sánchez Monteseirín, por el PSOE. También él se ha manifestado frontalmente contrario a esta hipoteca de futuro, y contra él se han vuelto de inmediato acusaciones semejantes, por causa de otra operación aparentemente similar, la de Cortijo de Cuarto, dependiente de la Diputación. Se impone la comparación con la de Tablada para clarificar las diferencias sustanciales que, a primera vista, hay entre ambas. Para empezar, los terrenos de la Diputación no están en zona inundable y sí se califican como urbanizables en el actual PGOU. Para seguir, toda esa parte sur de la ciudad necesita una reordenación urgente, que haga posible la conexión de una trama urbana y de unos espacios naturales en puro desorden: hospitales, centros educativos, cauces de ríos, otros espacios culturales, etc. Para terminar, la edificabilidad neta que se propone es de 0,51 m2/m2, muy inferior a la no confesada de Tablada y a la del propio PGOU. En resumen, una operación claramente viable y necesaria, que puede y debe originar viviendas asequibles para las capas medio-bajas de la población frente a otra cuya necesidad nadie ha probado, que queda en manos de particulares, que es muy costosa de iniciar y que por lo tanto redundaría en un urbanismo mucho más caro, "de alto standing", como ha reconocido la propia alcaldesa. Mucho nos gustaría equivocarnos.

Algo habrá influido la anunciada voluntad de la Junta de unificar las Cajas [CN] Alrededor de 30.000 millones de inversión inicial serán precisos para poner ese espacio en uso urbano