DIEGO NARVÁEZ – Málaga – 16/01/2011
Los Merinos, urbanismo maleable
El Instituto de Criminología destapa numerosas anomalías en el proyecto – El estudio apunta a que el planeamiento de Ronda se adaptó al interés privado
DIEGO NARVÁEZ – Málaga – 16/01/2011
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La preferencia de los poderes públicos por el desarrollo económico a ultranza les hace en ocasiones satisfacer intereses privados por encima de los objetivos de sostenibilidad socioeconómica y medioambiental, orillando incluso los condicionantes que imponen las leyes administrativas. Así cree el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC) que ha ocurrido en el polémico proyecto urbanístico de Los Merinos Norte en Ronda (Málaga), una urbanización con 783 viviendas de lujo, complejo hotelero, dos campos de golf y clubes hípico y de tenis, en un paraje de ocho millones de metros dentro del área de transición de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.
El Consistorio ha tenido «sintomática diligencia» en allanar las trabas
Montaner, consejero que avaló el PGOU, ha hecho el plan de urbanización
Una investigación sobre el macroproyecto de Los Merinos realizada por este instituto concluye que «hay numerosos indicios de que los grupos empresariales cuentan con la capacidad de influencia suficiente para sacar adelante el proyecto frente a gran número de contratiempos y de que éste se diseña, se proyecta en una determinada ubicación y se desarrolla de acuerdo con las autoridades, contando con que el planeamiento urbanístico se acomodará a sus necesidades de ejecución».El estudio coordinado por el director del centro, el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés ha desvelado numerosas anomalías tanto en la tramitación administrativa del proyecto como en el entramado societario de sus promotores. Y pone en entredicho el funcionamiento de los controles de legalidad, tanto de la administración como de los tribunales. Critica, por ejemplo, que la juez de lo contencioso-administrativo Asunción Vallecillo primó el interés particular al negar la paralización cautelar de las obras de urbanización, en el recurso que puso la Junta contra el permiso concedido por el alcalde de Ronda, el socialista Antonio Marín Lara, que autorizó un movimiento del terreno superior al permitido en el Impacto Ambiental y cuando el proyecto tiene denegado el suministro de agua.Por esta licencia hay abierto también un procedimiento penal tras una denuncia de Izquierda Unida. Las obras están paralizadas desde abril de 2008 pero por decisión voluntaria de la promotora ante la crisis económica.Al Instituto de Criminología le llama la atención la «sintomática diligencia con la que la Administración municipal se ha ocupado de allanar los obstáculos», y pone de ejemplo que cuando se denegó por segunda vez el permiso para obtener agua del acuífero subterráneo del paraje, el Ayuntamiento se comprometió mediante convenio con la promotora a construir una conducción de agua desde el casco urbano a la urbanización, que dista 12 kilómetros.El IAIC considera que ha habido una «maleabilidad» del procedimiento administrativo, con «trámites esenciales incumplidos» y decisiones «incoherentes» cuando no «contradictorias». Por ejemplo: el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1994 declaró Los Merinos suelo urbanizable y, por tanto, obligaba a modificar el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga aprobado en 1987 en el que era complejo serrano, y pese a que este se publicó 20 años después, en 2007, no se incluyó el cambio. O que se aprobara al Plan de Actuación Urbanística del paraje en 1992, dos años antes del PGOU, que es el documento general que le sirve de base (es como aprobar el reglamento de una ley antes que la ley).La investigación no encuentra argumentos suficientemente justificados para que un paraje con las condiciones ambientales de Los Merinos, catalogado como complejo serrano y aislado, a 12 kilómetros del casco urbano, fuera considerado suelo urbanizable no programado en el PGOU de 1994. Algo así es imposible desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 2003.Curiosamente, el documento de avance del PGOU fue presentado en 1990 por el entonces consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Jaime Montaner, cuando ya Golf and Country Club Ronda había comprado el suelo de Los Merinos con el propósito de levantar una urbanización. Montaner, arquitecto de profesión, fue 15 años después coautor del plan de urbanización que tiene impugnado la Junta.
Prepotencia de poderosos
D. N. – Málaga – 16/01/2011
Según el Instituto de Criminología, Promociones Club de Campo y Golf ha actuado con «la prepotencia de los poderosos», con una «persistente situación objetivamente intimidatoria» como muestra que presentara hasta 12 denuncias contra miembros de colectivos opositores al macroproyecto.
La investigación desvela un complejo entramado de sociedades mercantiles, hasta 50 han tenido alguna relación con el proyecto desde 1990, que atribuye a un «mecanismo para perder de vista los verdaderos fines e intereses implicados y los grupos empresariales y las personas que están detrás». Ha habido tres operaciones de venta en este tiempo.Y también indicios de especulación. Los Merinos fue comprado en 1989 por el entonces presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Antonio Martín Criado, con un socio por 99.000 euros y un año más tarde la vendieron por 300.500 a la suiza Golf and Country Club Ronda, primera promotora del proyecto. La última transmisión, a una sociedad del grupo Copisa, Club Náutico Marina Canal de Fontana, fue en 2005 por 15 millones de euros y el mismo día puso el suelo como garantía de un crédito de 18 millones.La investigación es pionera en este ámbito y «obedece al interés del IAIC por estudiar el modo de operar de los agentes económicos, institucionales y sociales implicados en macroproyectos urbanísticos», según Díez Ripollés.
Los criminólogos que alertaron de Malaya investigan el macroproyecto urbanístico de Ronda
Los Merinos Norte es una parcela de ocho millones de metros cuadrados situada en pleno parque natural y reserva de la biosfera cuyos terrenos han sufrido sospechosas recalificaciones
p. d. almoguera / málaga Día 13/01/2011 – 14.19h Su trabajo sobre la corrupción política y el urbanismo en la Costa del Sol vio la luz rodeado de una polémica infundada por los que no querían abrir los ojos. Pero el tiempo acabó dándoles la razón. El posterior desarrollo de la «operación Malaya» demostró que todas sus tesis eran reales y que el modelo económico del ladrillo, unido las voluntades quebrantables e algunos políticos, se extendía por esta zona y otros lugares del país. José Luis Díez Ripollés, director del Instituto de Criminología de Málaga, y la criminóloga e investigadora Alejandra Gómez Céspedes vuelven a analizar el fenómeno urbanístico con la publicación del libro «Los Merinos Norte. Fenomenología de un macroproyecto urbanístico», una obra ya a la venta en la que se investiga el polémico complejo residencial de Los Merinos en Ronda y en la que descubren curiosas «casualidades», como la vinculación a través de diversas sociedades del ex consejero Jaime Montaner con empresas que tienen intereses en el proyecto.
Los Merinos Norte es una parcela de ocho millones de metros cuadrados situada en pleno parque natural y reserva de la biosfera cuyos terrenos han sufrido sospechosas recalificaciones a lo largo de los años y en la que se pretende construir dos campos de golf, 780 viviendas, hoteles, clubes hípicos, campos de tenis, restaurantes y otros establecimientos de ocio.Gómez Céspedes explicó a ABC que en la obra, publicada por Tirant lo Blanc y que es fruto de tres años de compleja investigación, no se realiza ninguna valoración judicial de la actuación de las personas vinculadas al complejo de Los Merinos desde hace 20 año, pero considera que es un ejemplo de la laxitud de los procesos administrativos.La coautora, junto a Díez Ripollés y la también investigadora Araceli Aguilar, señaló que en el análisis de todos los documentos recabados se observa «la reiterada e intercambiable presencia de determinadas personas en puestos claves». Una de ellas es el ex consejero autonómico Jaime Montaner, quien en 1991 estuvo implicado en el proyecto y que, una vez fuera de la administración andaluza, ha estado presente, directa o indirectamente, en el mismo. Por ejemplo, en 2006, un estudio de arquitectura con el que estaba estrechamente relacionado realizó el proyecto de urbanización, y posteriormente formó parte del consejo de administración de una empresa de aguas francesa con intereses en la macrourbanización.También se habla del dirigente socialista Luis Solana, hermano del ex ministro Javier Solana, y que ocupó un puesto de dirección en una de las empresas promotoras.Los criminólogos han detectado que, desde el primer inversor, un empresario suizo que acabó procesado por otra causa, hasta las sucesivas compañías interesadas en el proyecto, han realizado un «uso intensivo de los instrumentos jurídicos» y que se ha utilizado el argumento del interés económico para que «diversas administraciones se afanen para allanar obstáculos». Otro aspecto sospechoso de este caso es el impresionante entramado societario relacionado con Los Merinos. El estudio incide en «los intensos y abigarrados entrecruzamientos societarios que se producen. Durante las tres fases del proyecto acontecidas hasta 2008, más de 500 sociedades aparecen en escena, y en la gran mayoría de ellas se pueden rastrear fácilmente participaciones cruzadas» Alejandra Gómez Céspedes destacó que una de las conclusiones del libro es «la enorme flexibilidad que puede llegar a adquirir el procedimiento administrativo», hasta el punto de cuestionar la seguridad jurídica. En el caso concreto de Los Merinos, se han topado resoluciones que tenían un plazo de dos meses y que 15 años después están en el aire.Además, los autores explican que se percibe «que los controles de legalidad previstos tienen un funcionamiento que deja mucho que desear», por lo que consideran que habría que hacer una revisión de los mismos. En su estudio, por ejemplo, cuentan como los expertos que debían ratificar la calificación de reserva de la biosfera de la citada parcela fueron expulsados cuando se opusieron a cualquier proyecto urbanístico en el lugar; e inciden que el Ayuntamiento de Ronda recibió hasta 500 alegaciones al proyecto que fueron desestimadas y cómo se aprobaron diversas cuestiones a través de decretos.Gómez Céspedes explicó que la obra deja la valoración al lector y que no persiguen la polémica, «simplemente es una investigación académica». «La opinión de los expertos ha sido buena, ahora habrá que ver cuál es la de los políticos».
http://www.abcdesevilla.es/20110114/andalucia/sevi-jugosa-ronda-montaner-201101141142.html
La jugosa «ronda» de Montaner
El análisis del entramado societario que esconde el macroproyecto de Los Merinos destapa la colección de cargos que Jaime Montaner, ex consejero de Obras Públicas
p. d. almoguera / málaga Día 14/01/2011 – 12.42h
El análisis del complejo entramado societario que esconde el polémico macroproyecto urbanístico de Los Merinos, en la localidad malagueña de Ronda, destapa la colección de cargos que Jaime Montaner, ex consejero de Obras Públicas e Infraestructuras de la Junta de Andalucía, ostentó en empresas implicadas en la edificación del complejo urbanístico una vez abandonó su puesto en la administración andaluza.Los criminólogos José Luis Díez Ripollés, Alejandra Gómez Céspedes y Araceli Aguilar, los mismos que realizaron el estudio sobre corrupción política y urbanismo que precedió a «Malaya», ha publicado el libro «Los Merinos Norte. Fenomenología de un macroproyecto urbanístico» en el que investigan las sospechosas conexiones de los distintos actores de este polémico caso enquistado desde hace 20 años.Desde Luis Solana, hermano de Javier Solana; pasando por el ex alcalde rondeño, Juan Fraile; el actual regidor, Antonio Marín Lara; o el propio Montaner; los investigadores han detectado a través de un exhaustivo trabajo de análisis cómo diversas personas, muchas de ellas vinculadas al PSOE, han ido ocupando cargos en empresas vinculadas a Los Merinos o han establecido sospechosos contactos con ellas desde sus puestos de poder.El caso del ex consejero de Obras Públicas e Infraestructuras es sin duda alguna uno de los más llamativos si tenemos en cuenta que estuvo directamente implicado en el proceso administrativo y disponía de información privilegiada.Jaime Montaner abandonó la administración andaluza en 1994 tras 15 años al frente de distintas consejerías relacionadas con el suelo y las infraestructuras. Diez años después, el estudio de arquitectura del que era administrador único, Desmópolis Arquitectura e Ingeniería S.L., fue contratado para realizar el proyecto de urbanización de Los Merinos. Pero su vinculación es muy anterior. Los criminólogos han constatado que Montaner «comienza a aparecer a partir de 1998 en diversos consejos de administración de empresas» relacionadas con Los Merinos Norte. Una de ellas es Teide Gestión del Sur S.L., donde ejerce de vicepresidente del consejo de administración. Constituida en 2006, un 45 por ciento de su accionariado pertenece a Participaciones Teide S.A., «una de las sociedades propietarias de Promvías XXI S.A. y que está en realidad controlada por FCC Construcción S.A.». Compañías, todas ellas, que de una forma u otra acaban vinculadas al Grupo Copisa, último impulsor del complejo urbanístico, que prevé más de 800 viviendas, campos de golf y establecimientos de ocio en pleno parque natural de la Sierra de las Nieves y zona de reserva de la biosfera. Aunque este hecho de por sí podría ser cuestionado éticamente, no es el único. El ex consejero también formó parte en aquellos años del consejo de administración de la empresa francesa Degrémont S.A., dedicada al tratamiento de aguas y que en 1997 formó parte de una UTE para construir una depuradora en Almuñecar. Esta empresa tuvo estrechas relaciones comerciales con el Grupo Copisa y hay que recordar que en Los Merinos hay dos importantes acuíferos, recursos que han ocupado una buena parte de la actividad de Degrémont S.A. Luis Solana, ex director de RTVE y hermano de el ex ministro Javier Solana, por su parte, «fue el primer presidente del consejo de administración de Promociones Club de Campo de Golf de Ronda S.L.», que en octubre de 2006 pasó a ser controlada por el Grupo Copisa.Juan Fraile, ex regidor socialista de Ronda, se vio envuelto en la polémica en 1994 al denunciarse una presunta «falsificación del PGOU del municipio», mientras que el actual alcalde, el tránsfuga Antonio Marín Lara, ha denegado la mayoría de los centenares alegaciones al megacomplejo residencial.Además, se da la circunstancia de que la concesionaria del servicio de aguas de Ronda es FCC, que, como han señalado los autores del libro, está vinculada a Los Merinos. Uno de los principales obstáculos al proyecto era la imposibilidad de proporcionar agua a tantas viviendas después de que la Confederación Hidrográfica del Sur se opusiese a que se explotaran los recursos hídricos subterráneos. El Consistorio proyectó una conducción de 12 kilómetros para que el servicio lo cubriera FCC. También fue denegado.Los investigadores señalan que «hay que destacar la presencia en toda esta iniciativa empresarial de rasgos característicos de la economía especulativa» e inciden en que «no puede pasarse por alto que entre el conjunto de personas significativas que intervienen en todo este largo proceso hay algunas sobre cuyas actividades se ha interesado la justicia». Una de las conclusiones del análisis de todos los documentos recabados por los autores es «la reiterada e intercambiable presencia de determinadas personas en puestos claves».
Un estudio achaca sólo a cuestiones económicas el freno a Los Merinos
Un grupo de investigadores vincula el proyecto urbanístico a los intereses de la economía especulativa y resalta la complicidad de la administración para «allanar» los obstáculos que surgieron en torno a él
Javier Flores / Ronda | Actualizado 15.01.2011 – 05:01 .JPG)
Zona donde estaba prevista la construcción del complejo de Los Merinos.
Un entramado societario casi imposible de desmarañar con la participación de unas 50 sociedades, parones en el desarrollo del proyecto vinculado a los problemas con la justicia suiza del primero de los propietarios, influencias del poder económico sobre el político y tintes de economía especulativa. Esas son algunas de las principales conclusiones que se pueden sacar de la lectura del estudio Los Merinos Norte. Fenomenología de un macroproyecto urbanístico, que ha sido realizado por los investigadores, José Luis Díez Ripollés, Alejandra Gómez-Céspedes y Araceli Aguilar Conde.
Durante las más de 200 páginas que componen la publicación, los autores han logrado desgranar el entramado societario y sus responsables, así como las continuas entradas y salidas de algunos de los propietarios de unas empresas a otras, con especial relevancia de uno de los últimos dueños, Jorge Juan Flor. De igual modo, también colocan al ex consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner, como una de las figuras relevantes de todo el proceso de este proyecto, de una parte como actor político y posteriormente como actor privado. Además, también resulta llamativo cómo se va produciendo la llegada de sociedades vinculadas al suministro de agua al accionariado de las empresas propietarias de los terrenos, un hecho que se tiene lugar cuando se comienzan a plantear los problemas para el abastecimiento de agua. En este sentido, se detalla la entrada en la sociedad de la misma empresa matriz que posee la propiedad de la empresa de gestión del agua en Ronda.
No obstante, uno de los aspectos más destacados del estudio es la vinculación con la economía especulativa que realizan, relatando algunos de los beneficios que han obtenido a corto plazo algunos de los compradores y al poco tiempo vendedores de los terrenos. En concreto, ganaron unos 200.000 euros en una sola operación en tan solo un año. De igual modo, también han logrado confirmar como una de las empresas en un mismo día formalizó la compra de los terrenos por un valor de 15 millones de euros y esa misma jornada formalizó una hipoteca por valor de 18 millones de euros.
En cuanto a los motivos que han provocado que el proyecto siga sin desarrollarse a día de hoy, los investigadores se decantan por pensar que únicamente las dificultades económicas han evitado su desarrollo. Y es que una de las dos hipótesis que han barajado es que los grupos empresariales que están tras el proyecto de Merinos Norte, a su juicio, contarían con la capacidad y la influencia necesaria para sacarlo adelante a pesar del gran número de contratiempos.
En este apartado se ve como sintomática la diligencia de la administración municipal para «allanar» los obstáculos que ha ido encontrando, al tiempo que resaltan el «generoso» convenio urbanístico que consideran que los promotores lograron firmar en 1991. Además, también han lanzado una crítica hacia la supuesta coherencia que deben tener las actuaciones administrativas, algo que consideran que deja mucho que desear a lo largo de todo el proceso y con decisiones contradictorias.
Al mismo tiempo, otro de los aspectos a los que se da especial importancia es al papel de los despachos de abogados, que en esta proceso también han tenido una notable intervención, una pieza que ven como necesaria para enmarañar la realidad de lo que pueda estar pasando utilizando diferentes instrumentos jurídicos. Precisamente, es a través de un despacho de Marbella como llega a la Costa del Sol el primero de los promotores, que, a su vez, utilizaba como intermediario un despacho de Suiza.
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