Un estudio millonario que paga el Puerto de Sevilla al delegado del CSIC en Andalucía se concede mediante un negociado sin publicidad que denuncia Ecologistas en Acción porque, dicen, “burla la normativa de contratación pública”.
Ricardo Gamaza 12/12/2014.- Enlace a la noticia...
Tráfico de influencias, fraude, falsificación de documento público, prevaricación… Todos esos presuntos delitos son los que apunta una denuncia presentada por la vía penal contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Carmen Castreño; el responsable de investigación biológica del Acuario de Sevilla (dependiente del Puerto de Sevilla), José Carlos García Gómez; y el delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía, Miguel Ferrer. Según la denuncia de Ecologistas en Acción a la que ha tenido acceso en exclusiva Ecoperiodismo, se ha dado una posible “concertación entre las partes” para dar a dedo un contrato de 145.200 euros para un estudio de avifauna en el Guadalquivir.
“Ampliar el conocimiento científico del Estuario del Guadalquivir: Determinación de los efectos de las actuaciones humanas asociadas al río Guadalquivir”, que es como se denomina el estudio millonario que paga el Puerto de Sevilla, tendría un claro adjudicatario: Miguel Ferrer, el delegado en Andalucía del CSIC y ferviente defensor del dragado del río que quiere hacer el Puerto de Sevilla, en contra del dictamen avalado por la UNESCO y basado en un pormenorizado estudio de un equipo de científicos punteros en diferentes materias dirigido por una de las autoridades mundiales en dinámica fluvial: el catedrático Miguel Losada.
La justificación del Puerto de Sevilla para contratar a dedo (negociado sin publicidad) a la Estación Biológica de Doñana (EBD) es que sólo esta institución puede desarrollar los trabajos; algo que la denuncia de Ecologistas en Acción remarca como rotundamente falso porque los trabajos contratados (censo de avifauna, comportamiento de aves, nidos en el entorno del río y vaciaderos, entre otros) “son muy habituales en declaraciones de impacto ambiental y los realizan tanto instituciones públicas como privadas”. Insisten en que una simple búsqueda por internet de estas acciones dan como resultado centenares de empresas dedicadas a estas tareas, por lo que se incumple la normativa de contratación pública al contratar a dedo. “Sospechamos que la Autoridad Portuaria busca que sean investigadores con nombre y apellidos los que dirijan el estudio”, apunta la denuncia y cita como presunto implicado y beneficiario del mismo a Miguel Ferrer, el delegado en Andalucía del CSIC.
También aclara la denuncia que el hecho de que la entidad beneficiaria, la EBD, declarase en palabras de su director, Juan José Negro, que desconocía esta contratación y que la misma se llevase a cabo por el CSIC en Madrid (cuyo representante andaluz es Miguel Ferrer) implica una presunta “concertación entre las partes”, lo que podría traducirse, si es así, en un presunto delito de “tráfico de influencias”, indica la denuncia.
Para terminar de rematar esta oscura contratación, la denuncia apunta que el Puerto de Sevilla pone como supervisor de los trabajos (quien debe “autorizarlos”) al catedrático de biología de la Universidad de Sevilla, José Carlos Gómez (quien también se ha pronunciado en medios de comunicación a favor del dragado del Guadalquivir que quiere hacer el Puerto), que además es el responsable científico del acuario de Sevilla (una concesión del Puerto de Sevilla). Dice la denuncia que además de una “íntima amistad” entre este responsable y Miguel Ferrer, se da el hecho de que fue el vicepresidente de la Fundación Migres, cuyo presidente es Miguel Ferrer. Así todo queda entre amigos.
“Se ha puesto en marcha un procedimiento de contratación con un resultado predeterminado para burlar la contratación pública”, afirma la denuncia. De demostrarse los hechos denunciados, el prestigio del CSIC en Andalucía quedaría seriamente dañado al quedar tildada como una institución que muestra su apoyo a proyectos polémicos y de alto riesgo ambiental por el simple hecho de que se le contraten estudios millonarios. Un camino de sospechas sobre la independencia científica que ya inició Miguel Ferrer al convertirse en el asesor de Minas las Cruces, en Gerena (Sevilla) que tiene en su haber varias denuncias por presuntos delitos ambientales.
Enlaces:
Denuncian por lo penal al Puerto de Sevilla por contratar a dedo a Miguel Ferrer
El intento (fallido) del Puerto de Sevilla para controlar la EBD y Doñana
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