Ecologistas en Acción,  ha presentado sus alegaciones al  Anteproyecto de Ley de Impulso a la SostenibilidadTerritorial de Andalucía (LISTA) que pese a la declaración de intenciones respecto a la “sostenibilidad”, pretende pivotar la recuperación económica de Andalucía en el ladrillo

EEA 3 de julio de 2020

El fomento indiscriminado de la construcción no supone una mejora en la economía productiva, la que de verdad  crea riqueza y empleo estable; muy al contrario, favorece la especulación y las burbujas financieras como la que  hemos sufrido en nuestro país. También la corrupción va  ligada,  a la facilidad de revalorizar suelos de forma ficticia mediante recalificaciones que ahora se pretenden “agilizar”.

Ecologistas en Acción entiende que la defensa del territorio debe basarse en restringir a lo estrictamente necesario la nueva ocupación de suelo para su urbanización. Hay que tener en cuenta que en Andalucía, existen unas 620.000 viviendas secundarias y 637.000 vacías. Por ello, la nueva legislación no debe perseguir ocupar más suelos para la construcción, sino promover una política urbanística centrada en la rehabilitación y reutilización del patrimonio existente; de esa forma sí que se estaría contribuyendo a la sostenibilidad, a combatir el cambio climático, a la conservación de la biodiversidad y de nuestro patrimonio histórico y, de paso, a consolidar el modelo compacto de ciudad mediterránea, mucho más funcional y con menores costes de dotación de servicios y de gestión.

Esta nueva ley no garantiza ninguno de los dos mandatos constitucionales en relación con el urbanismo y la vivienda: “ Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación…”. (Art. 47)

 La LISTA está en sintonía con la Ley del Suelo de Aznar de 1998, de infausto recuerdo, que permitía edificar en todo suelo que no estuviera especialmente protegido. Ha pasado mucho tiempo, y la situación social, económica y ambiental ha cambiado, por lo que sería lógico que en una nueva ley andaluza se plasmasen los principios de la “Revolución Verde”, para lograr un futuro sostenible.

La tan cacareada simplificación y agilización pretenden en realidad, facilitar la urbanización del suelo rústico, el denominado hasta ahora suelo no urbanizable. La LISTA instaura el urbanismo a la carta, que abre todas las posibilidades a la especulación y a la corrupción urbanística. La ley asegura que sólo se podrá urbanizar el suelo rústico colindante con el suelo urbano, pero hay tantas excepciones, que las invocaciones al modelo de ciudad compacta mediterránea quedan en una pura falacia. La nueva ley permitirá que siga la expansión descontrolada del urbanismo por todo el territorio andaluz.

Ecologistas en Acción ha propuesto que en el suelo no urbanizable , es decir en el  campo,  sólo se deben permitir actividades ligadas a los usos productivos agrícola, ganadero y forestal, y usos complementarios como turismo rural o industrias de primera transformación ligadas a la propia explotación . Lo demás, debe estar prohibido. Por eso, solicitamos la eliminación de las actuaciones declaradas de interés público y social por los ayuntamientos, que incluye instalaciones industriales, turísticas, terciarias y lo que sería más demoledor, “edificaciones destinadas a uso residencial”. Se anularía de esta manera,  la prohibición de uso residencial en los suelos no urbanizables existente en la actual Ley (LOUA ), salvo las viviendas unifamiliares ligadas a las explotaciones agropecuarias. La ley tiene que cerrar las puertas, a la generalización de las segundas residencias en el campo. También proponemos la eliminación de las actuaciones de “Interés autonómico” promovidas por empresas privadas, que permitiría la implantación, al margen de lo que determine el planeamiento territorial y urbanístico, de todo tipo de proyectos en el suelo rústico.

 En las alegaciones solicitamos la eliminación de los artículos que permitirían seguir desarrollando un PGOU anulado por los tribunales. La Junta de Andalucía, en vez de garantizar la sujeción a la legislación de los planes urbanísticos, pretende blindarlos cuando se aprueban infringiendo normas legales.

Para evitar la especulación urbanística hemos realizado varias propuestas. Cualquier crecimiento urbanístico  debe estar debidamente justificado en función del análisis de parámetros objetivos de crecimiento y demanda real, y ser colindantes al suelo urbano existente. En ningún caso se permitirá urbanizar nuevos suelos destinados a usos residenciales si no hay crecimiento de población que lo justifique o demanda de vivienda protegida. La ley debe obligar a los ayuntamientos a reclasificarse como suelo rústico los millones de metros cuadrados de suelo clasificado como urbanizable durante la burbuja inmobiliaria y que no haya sido desarrollado En municipios litorales, se clasificará una franja de 500 metros de anchura desde la línea del DPMT como suelo rústico de especial protección. Otra medida imprescindible para evitar la especulación urbanística es acabar con la vigencia indefinida de la clasificación de suelos urbanizables, desclasificándolos de forma automática una vez superados los plazos de la programación del planeamiento urbanístico.  

Ecologistas en Acción valora positivamente una de las medidas incluida en la ley, y es la asunción por parte de la Junta de la disciplina urbanística en suelos rústicos protegidos. Pero para que esa función de control sea eficaz, es necesaria la creación de una entidad administrativa  autonómica para el ejercicio de la disciplina urbanística , como se ha creado en otras comunidades autónomas. Y es imprescindible que la ley incluya que las infracciones urbanísticas en suelo rústico sean imprescriptibles. Sólo así se podrá resolver, o al menos minimizar, uno de los grandes problemas territorial-urbanístico de Andalucía, la caótica utilización del suelo rústico, con más de 327.000 viviendas ilegales.

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