58,22 hectáreas de suelos rurales en zonas de alta productividad agrícola en «riesgo fotovoltaico».
Mañana (10 de junio) acaba el plazo para presentar alegaciones a un proyecto de instalación industrial fotovoltaica en terrenos de los municipios de Gerena, Olivares, Salteras, Valencina de la Concepción, Espartinas, Bormujos, San Juan de
Aznalfarache y Tomares.
Ecologistas en Acción-Sevilla ha presentado un documento que merece la pena ser leído, tanto por los impactos y deficiencias que identifica, como por los argumentos y explicaciones que incluye; aportando criterios orientadores para un asunto tan controvertido.
Las alegaciones se fundamentan en la necesidad de una ordenación racional y razonada que evite tentaciones especulativas y proteja los bienes básicos que puedan estar amenazados.
En el documento se afirma que Andalucía tiene dos opciones: dejar que la iniciativa privada elija los suelos donde se hayan de ubicar las plantas solares, o bien establecer previamente una mínima planificación que incluya unos criterios, de tal manera que las iniciativas se reconduzcan hacia los espacios menos valiosos desde el punto de vista ambiental y paisajístico y se ejecuten con criterios de sostenibilidad social y ambiental. Se identifican elementos que pueden estar generando procesos generadores de burbujas especulativas.
Y se destaca la necesidad de impulsar proyectos fotovoltaicos con conexión a la red de carácter comunitario, social y municipal, hoy en día postergados a favor de las grandes instalaciones fotovoltaicas.
Las afecciones, deficiencias e incompatibilidades concretadas para este proyecto nos llevan a vislumbrar inconvenientes similares para muchos otros proyectos en ejecución o gestación.
La defensa del territorio tiene ante sí el desafío que está planteando una manera de afrontar la transición energética que podríamos llamar «desenfrenada y derrochadora».